[ARTÍCULO] España supera Argentina en demandas internacionales y más quiebras del mundo

Argentina no es el país con más quiebras; ¡es España! A menudo se cree que Argentina o quizás Grecia son los países que más defaults o quiebras han tenido a lo largo de la historia, pero no es así sino que el Estado que ha sufrido más es España: desde el siglo XVI, ha tenido 14 crisis de deuda externa, seguida de las 8 de Argentina y las 6 de Grecia. Y así lo recuerda la cadena británica BBC en un reportaje. Si se considera quiebra como una crisis de deuda externa producido por inestabilidad política, guerras y revoluciones, o bien por olas de crédito barato para un aumento especulativo de los préstamos, el peor deudor de la historia ha sido España, con 14 crisis relacionadas con compromisos financieros, según la emisora.

Hay quien, medio en broma medio en serio, dice que Argentina tiene una crisis cada diez años, y que ahora tocaría pero sorprendentemente no está sucediendo, lo que supone un gran triunfo moral de la presidenta Kirshner.

Respecto a España, pocos pueden dudar de que durante la presente crisis ha sido intervenida, si bien se ha hecho sin reconocerlo en estos términos para evitar efectos peores. Algunos datos macroeconómicos indican un camino de lenta recuperación, aunque se basan en unas circunstancias que no durarán para siempre. Si los precios de los combustibles remontan y, sobre todo, si el precio del dinero vuelve a un nivel más normal, difícilmente España podrá hacer frente a sus deudas. Y no podemos olvidar que en en 18 meses se habrá agotado el fondo de reserva de la Seguridad Social, por lo que no se podrán pagar las pensiones, o bien se deberá aportar dinero de los Presupuestos públicos, ya bastante estrangulados y más que lo estarán cuando hayan cambiado las condiciones indicadas. A todo ello, si Cataluña marcha y España sigue obsesionada con inversiones de nula eficiencia económica como el AVE, todos los presagios apuntan negativamente.

El problema es que España es "too big to fail", por lo que algunos analistas empiezan a considerar que, dados los riesgos endémicos que ha presentado este estado a lo largo de su historia, podría ser positivo la reducción de su volumen. Alemania no tiene aún una posición tomada sobre la independencia catalana, que podría ser favorable si hace caso a uno de los economistas más prestigiosos: Werner Abelshauser afirmó que la creación de un nuevo estado catalán podría tener beneficios a largo plazo para Alemania, por ejemplo si se estableciera una unión monetaria sólo entre los países que tienen una "cultura económica uniforme". Abelshauser explica en un artículo a un prestigioso medio económico alemán que Cataluña forma parte de la cultura económica del centro de Europa, que se caracteriza por unas relaciones laborales cooperativas, en lugar de "centradas en el conflicto, como especialmente en el sur de Europa". Según el economista, Cataluña tiene similitudes con las economías de los países como Alemania o Francia por "la manera de pensar y actuar, las reglas del juego y los tipos de organizaciones que constituyen el sistema social de producción". Así, defiende que sólo los países con esta cultura económica deberían tener la moneda única, y no todos, porque en época de crisis se ha demostrado que el euro no funciona. Otro del grupo de prestigiosos profesores alemanes que avalan la independencia es Roland valbelle.

Ciertamente, no sólo la solvencia económica de España está en duda y entra dentro de la gestión de riesgo de Europa, sino que en los últimos tiempos se está poniendo en duda la solvencia democrática del estado por la manera nefasta e incomprensible a ojos europeos y civilizados de cómo está gestionando el agravio catalán, junto a otras evidencias como la grave falta de separación entre los poderes políticos y judiciales. Los principales thinks tanks europeos observan con cierta continuidad el problema endémico del mal gobierno en España, y comparan indicadores como el nivel académico y la capacitación de los equipos de gobierno de España y los de países emergentes como algunos de Latinoamérica, y se dan cuenta de que España no dispone en su estructura de poder de unos liderazgos ni de unas capacidades para dar un salto respecto a un modelo oligárquico y corrupto que tiene raíces seculares. No es difícil darse cuenta de que desde que Castilla conquistó los reinos de Cataluña, Aragón, Valencia y Mallorca hace tres siglos las familias que han tenido el poder han sido las mismas y que la han utilizado no para desarrollar la economía sino exclusivamente para mantener unas redes de poder mediante modelos económicos poco productivos, extractivos.

La crisis de solvencia económica y democrática de España también viene acompañada por la crisis de rigor legislativo, que se hizo más palpable que nunca con el cambio legislativo respecto a las renovables, con impacto retroactivo. Según algunos economistas, esta grave inseguridad normativa, que ha afectado enormemente inversores locales e internacionales, es de una gran gravedad, hasta el punto que marca el camino entre la civilización y la no-civilización. De hecho, España acumula ya 20 demandas en el Banco Mundial por el recorte a las renovables, y ya se ha puesto por delante de Argentina en pleitos con inversores internacionales y sólo se ve superada por Venezuela. La práctica totalidad de estas demandas está vinculada a los continuos recortes sufridos por el sector de las energías renovables desde el año 2010 y, en particular, el hachazo de 2.000 millones de euros incluido en la reforma eléctrica del año 2013. Los  demandantes argumentan que los continuos recortes sobre el sector verde han roto «la expectativa legítima de ingresos» que firmaron antes de la crisis, cuando la inversión renovable se premiaba con generosas primas con cargo al recibo eléctrico. Los inversores reclaman al Estado una compensación superior a los mil millones de euros por las sucesivas recortes. Además, España acumula más reclamaciones en otras cámaras de arbitraje internacional y sólo el Tribunal Supremo está juzgando un total de 350 recursos planteados por empresas, patronales sectoriales, autonomías y ayuntamientos contra el recorte renovable de la última reforma eléctrica. 

España ya está, pues, por encima de Argentina, que en 2012 tuvo la reclamación de Repsol por la expropiación de YPF y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner aceptó pagar una indemnización de 3.600 millones de euros.