¿Romper la legalidad?

El paso hacia la creación de un nuevo estado para Cataluña, si sus ciudadanos así lo deciden, debería hacerse sin ninguna rotura legal, sino como fruto de una decisión democrática que la clase política canalice mediante las instituciones. Los políticos y los parlamentos democráticos están para ello, para saber adaptar los marcos legales a las nuevas realidades que la sociedad va haciendo nacer.  

La peor cara de la política la vemos cuando ésta se esconde tras antiguas legalidades para no abordar una demanda democrática, cuando no hace frente a las demandas políticas y las traspasa a los tribunales, y cuando de alguna manera permiten que se interprete que la voluntad de los ciudadanos está limitada por las fuerzas del orden público cuando estos se quieren expresar de forma cívica, democrática e inclusiva.  

Si el estado español -su clase política, sus instituciones- no acepta las vías legales que la democracia permite como posibilidad para cambiar las fronteras, será necesario que se produzca una rotura de esta legalidad. Una rotura que no es una ilegalidad porque en el mismo momento pasa a generar una nueva legalidad. Es sencillamente una rotura. Una rotura como la que tantas veces ha sufrido Cataluña cuando perdió sus Constituciones (1714) o su Estatuto (1939) y no precisamente por vías democráticas.  

La rotura que quizá deberá producirse si el estado español no se aviene a negociar, a diferencia de tantos otros que hemos vivido a lo largo de la historia, tendrá un componente cívico y ético. Será una rotura fruto de una decisión popular y soberana. Hecho desde la democracia y precisamente para alcanzar un estado de mayor democracia.  

Rotura, si finalmente es necesaria, sólo deberá haber una. Después ya habrá una nueva legalidad. Por eso hay que saber encontrar cuál es el momento adecuado. Carles Viver i Pi-Sunyer, presidente del Consejo Asesor para la Transición Nacional, afirma que 'es muy importante acertar el momento de romper la legalidad vigente'.  

Alguien puede considerar, muy sensatamente, que hay que evitar a toda costa un escenario de rotura, y que si hemos esperado tantos años para llegar a este momento que estamos viviendo, con la posibilidad más clara que nunca de acceder a la soberanía, deberíamos aceptar un proceso de diálogo con el estado español, y más con la perspectiva que pueda producirse un cambio de gobierno.  

Una respuesta más evidente es que el diálogo ya se ha intentado suficientemente desde Cataluña y que el muro con el que hemos topado una vez tras otra aconseja soslayar esta vía. En todo caso, hay que diferenciar entre el diálogo para canalizar la decisión de los catalanes, que es el diálogo al que se niega el estado español, y el diálogo para encontrar otro encaje de Cataluña en España, que en todo caso es el que hoy por hoy debería proponer el unionismo -cosa que tampoco hace- y que, en todo caso, habría que someter a referéndum junto a la opción secesionista.   

Pero para abordar el diálogo hay dos puntos básicos. El primero es que todas las opciones estén sobre la mesa, que todas las posibilidades sean aceptadas, sea un nuevo encaje, la secesión, o el status quo. El segundo es que cualquier pacto político deberá someterlo a referéndum para que sea la ciudadanía quien tome la decisión definitiva. Y esto no se acepta.

Hay que denunciar a nivel internacional el juego sucio que practica el estado español, sus instituciones, sus principales partidos, cuando enarbolan la palabra diálogo sin decir claramente que la propuesta de diálogo que hacen no es real, sino que supone una renuncia a la voluntad del pueblo de Cataluña de votar libremente su futuro. Su propuesta de diálogo parte de la no aceptación de una de las posibilidades, que es la secesión. Y este es el punto que justifica que no haya que esperar mucho tiempo a una rotura de la legalidad si no se vislumbra otra salida.  

Habría que pedir formalmente a los partidos españoles y a sus instituciones lo que los medios de comunicación españoles no hacen: si la solución para Cataluña y el diálogo que proponen incluye entre las posibilidades la secesión. Que tengan que decir públicamente que sí o que no. Que muestren si vivimos en un estado democrático real o en un ficción democrática dentro de unos límites infranqueables a la democracia. Está muy bien que haya democracia para decidir de qué color pintamos el piso pero yo quiero la democracia también para poder decidir si prefiero cambiarme de piso.  

Este paso de claridad, transparencia y honestidad es fundamental y necesario. Permitirá que las personas que aún confíen en encontrar caminos a través del diálogo se den cuenta que no es posible. Clarificará posiciones en Cataluña. Y facilitará que los presuntos federalistas o confederalistas entiendan que incluso su posición debe ser defendida mediante la constitución previa de un estado propio ante la inviabilidad de que el estado español muestre ningún respeto nacional hacia una sociedad y territorio que no consideran sujeto político sino una mera posesión. Y respecto a la ciudadanía española también permitirá que las personas más sensibles a la profundización democrática entiendan que la parte unionista no está haciendo juego limpio.  

El mundo ha ido entendiendo que el derecho a votar de los catalanes forma parte de un acto de justicia y de naturalidad, como así se ha ido viendo en los últimos meses en la prensa sobre todo del ámbito anglosajón. Cuando el mundo observe que el estado español no sólo intenta impedir como sea que los catalanes voten, al tiempo que no pone ningún mecanismo alternativo para que los ciudadanos puedan expresarse, mostrando una incapacidad plena de gestionar políticamente un conflicto político, haciendo un uso interesado y parcial de la legalidad para ahogar la legitimidad... el mundo entenderá que Cataluña tiene derecho a encontrar sus propias vías, y que una ruptura de la legalidad será la única manera posible de respetar la voluntad de la ciudadanía, siempre que se haga en condiciones pacíficas y garantizando la posterior continuidad de todo el marco legal sujeto al desarrollo de la nueva legalidad.