La noticia ha saltado a través del diario británico The Guardian que revela que Vodafone admite que sus redes, y las de los demás, están "pinchazos" por los gobiernos. La compañía de telefonía ha admitido la existencia de mecanismo secretos que permiten a las agencias secretas de los 29 países en los que opera escuchar las conversaciones que se efectúan dentro de sus redes.
Como se puede ver en el gráfico adjunto, el caso de España es el más grave, aparte de lo que pueda suceder en países de los que no se dispone de información. Si
bien en Italia se controlan muchas más llamadas es en España donde se
realiza un control de contenido sin comparación posible. Si hace unos años se podría imputar este control a la lucha contra el terrorismo, no se entiende como en 2013 se puede haber producido una cantidad tan alta de pinchazos con acceso al contenido. De hecho, el principal problema "de estado" que debe afrontar el gobierno español es el proceso catalán, con lo que las sospechas podrían ir hacia aquí.
La diferencia entre pinchar la red para investigar contra el terrorismo o hacerlo contra un movimiento ciudadano que democráticamente y pacíficamente intenta conseguir un objetivo político es enorme. En el primer caso está justificado que el Estado, dentro de los límites de lo que la legalidad permita, pueda interferir en la privacidad. En el segundo caso, estaríamos ante un comportamiento propio de un régimen totalitario, sin garantías democráticas, y con una utilización de las estructuras de la administración pública para intereses políticos, con una grieta irreparable al estado de derecho.
Me gustaría saber más sobre el procedimiento. La compañía no tiene ningún acceso a la información sobre qué personas han sido controladas, aunque quizá sería necesario que la compañía directamente pudiera informar a la autoridad judicial sobre cuál es la actividad de la "inteligencia nacional" en sus redes, para evitar que se extralimiten.
Estas compañías, como Vodafone, disponen de códigos éticos donde se comprometen a no cometer ninguna ilegalidad. El hecho de que haya unos técnicos del estado o bien personal propio que recibe instrucciones directas de la inteligencia nacional y que tienen prohibido contar nada a sus compañeros, puede suponer un incumplimiento flagrante de la ley. El hecho de que lo hagan para cumplir las órdenes del estado no es una excusa, ya que el estado español, como otros, son los primeros en incumplir la ley cuando hay intereses políticos importantes en juego, que son eufemísticamente redenominados como "intereses de estado". Las compañías deberían ser proactivas en este sentido, o al menos, hacer una salvedad en su código ético haciendo notar que no pueden garantizar el cumplimiento legal ni ético en las acciones que las inteligencias nacionales hacen dentro de sus redes.
Por ello, insisto en que las compañías deberían tener acceso a ciertos datos sobre qué se está haciendo en la "sala oscura" y poder rendir cuentas a la autoridad judicial, si no a algún organismo de carácter internacional que pueda valorar, en términos comparativos, sobre un asunto que afecta no sólo a la ciudadanía nacional. La Unión Europea, por ejemplo, debería ser proactiva en la defensa de los derechos de los ciudadanos y tener herramientas de control contra los abusos de los estados. Igual que se ha actuado contra grandes empresas como Microsoft o Google, hoy algunos estados suponen un gran peligro para las libertades, aunque el presunto interés público pueda disimularlo.
Y por supuesto, sería necesario que todas las compañías hicieran públicos los datos como ha hecho Vodafone, a fin de crear conciencia ciudadana, evitar la impunidad gubernamental, y poder presionar a una mayor transparencia o autoconteción a partir de datos comparados.
Noticia
El diario británico The Guardian revela que Vodafone ha admitido la existencia de mecanismo secretos que permiten a las agencias secretas de los 29 países en los que opera, incluido España, escuchar las conversaciones que se efectúan dentro de sus redes.
La operadora británica ha dado un paso al frente y ha roto su silencio en torno al manido tema ya de la vigilancia de las redes por parte de las agencias de inteligencia de los diferentes países. Para ello publicará hoy un extenso documento, al que ha tenido acceso el diario británico, en el que es su primer “Law Enforcement Disclosure Report” este mismo viernes que en cerca de 40.000 palabras explica pormenorizadamente cómo los gobiernos monitorizan las conversaciones y los datos de los usuarios. Stephen Deadman, el responsable de seguridad y privacidad de Vodafone afirma contundentemente: “Esos canales existen, el acceso directo existe”.
La compañía indica que hay cables físicamente conectados a su red, y a la de otros operadores, que permiten a las agencias escuchar y grabar conversaciones en directo y, en algunos casos, localizar a los usuarios. Los sectores más críticos ante el control de la NSA y el resto de agencias de inteligencia ya han comentado que estas revelaciones presentan el peor escenario que confirma sus más pesimistas suposiciones sobre la vigilancia gubernamental.
Hasta en seis de los países en los que opera Vodafone, la empresa indica que están obligados por ley a instalar estas derivaciones de su red o permitir que el gobierno lo haga. El nombre de estas naciones no ha sido desvelado porque puede acarrear la encarcelación de los trabajadores de Vodafone en esos lugares.
Anualmente, todos los estados hacen públicos los datos de cuantas comunicaciones han interceptado de dos tipos, aquellos que se realizan a mensajes y por el contenido de las llamadas y los que permiten conocer la localización, la hora y la gente con quien se han conectado.Usando estos datos y lo que se ha publicado por Vodafone, se ofrece desde The Guardian es un resumen del total de interceptaciones que se han realizado por países.
Los estos “pinchazos” gubernamentales de las redes de Vodafone, continúa el informe, son opacos para las operadoras que no saben ni la identidad ni el número de clientes real que han sido interceptados. Es por ello que la vigilancia masiva de la población es una posibilidad real sin necesidad de la que las agencias de inteligencia dejen rastro de ella ni tengan que dar cuenta a las operadoras de lo que están haciendo.
Lo curioso es que estos accesos directos suelen estar gestionados desde una habitación en el centro neurálgico de datos de la operadora o en algunos de los nodos locales de la misma. Es curioso que incluso, en ocasiones, son trabajadores de las mismas los que los controlan, pero con los más altos niveles de seguridad nacional. Tanto, que tienen prohibido, a veces bajo importantes penas de cárcel, comentar nada con otros trabajadores de lo que ocurre ahí dentro. Vodafone indica que trata de hacer que sus trabajadores cumplan sus códigos de conducta, entre los que está no hacer nada “ilegal”, pero que en realidad poco o nada sabe de lo que pasa ahí dentro.
Sin embargo, a las agencias de seguridad tampoco les hacen falta estas salas ya que pueden interceptar el tráfico mientras viaja por la red sin mayores problemas, se indica en el informe.
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