La ONCE es una organización que actúa en todo el estado español, un estado diverso que tiene en las diferentes nacionalidades, culturas y lenguas uno de sus activos, reconocidos por la Constitución, y que habría que promover. No sólo lo dice la Constitución sino también convenciones internacionales firmadas por el Estado, como la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias.
Y no hace falta decir que en la ONCE hay ciudadanos que tienen lenguas diferentes, como corresponde a unos territorios donde opera donde hay lenguas propias diferentes y todas ellas presuntamente protegidas por la ley. El hecho es que cuando la ONCE lanza esta campaña, la cual tiene un objetivo terminológico y por tanto una materialización lingüística, sólo pide el reconocimiento de la palabra en una lengua, barrerismo, en castellano, y lanza la propuesta a la Real Académia de la lengua Española: "Ayúdanos para que 'barrerismo' sea aceptada por la RAE ".
Una reflexión interesante sería si las convenciones internacionales que firma un Estado afectan a las organizaciones privadas, como empresas u organizaciones no gubernamentales. Desde un punto de vista legal normativo no afectan si no han sido transpuestas al ordenamiento jurídico, pero hay algo que se llama responsabilidad social de las empresas y de las organizaciones, según la cual una organización debería atender las demandas de la sociedad.
En este sentido, la Economía del Bien Común, propugna que los valores que están presentes en las constituciones de los países, tales como que la economía se debe a la armonía sociedad, deberían pasar de un documento público a una norma moral para las empresas ya que forman parte de un gran consenso que la ciudadanía ha votado. Estoy seguro de que la ONCE comparte estas reflexions, que pueden aplicarse a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas. El problema que sucede con algunas -muchas- entidades sociales es que aplican el criterio solamente en su materia misional pero no con las otras materias, lo que nos indica las graves carencias en su responsabilidad social corporativa.
Volviendo al asunto en cuestión, ¿como es que la ONCE no promueve simultáneamente que el Institut d'Estudis Catalans (la academia oficial de la lengua catalana) reconozca la palabra barrerisme, o los equivalentes en gallego y vasco? ¿No se hace suyo el espíritu de la Constitución y de la Carta Europea? ¿Prefiere hacer como los sucesivos gobiernos españoles que incumplen los acuerdos? ¿Consideran que sólo se debe cumplir lo que es obligatorio por ley de manera explícita? ¿Consideran que las otras discriminaciones que no sean sensoriales no forman parte de su lucha y por tanto no hay que atenderlas? ¿Consideran que los miles de catalanohablantes socios no merecen el mismo respeto que los castellanohablantes? ¿Consideran que la situación política marcada por el espíritu del aporellos aconseja no mostrar ninguna complicidad con los derechos periféricos?
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