Ojalá que podamos compartir algunas ideas con los expertos en RSC sobre cómo gobiernos, empresas y organizaciones en general deberían hacer una aproximación a los intereses y demandas de los grupos de interés desde una mayor sutileza y no limitándose al cumplimiento de la ley sino sabiendo encontrar la legitimidad de cada momento histórico. El mismo criterio que hace la RSC para las empresas, aplicado a los gobiernos y a la relación entre los pueblos.
Si en algo hay consenso es en que el soberanismo ha ganado el relato, tanto en Cataluña como en el mundo. Muchos analistas unionistas lamentan que el Gobierno no haya creado un relato alternativo y que solo se haya parapetado tras las togas de los jueces. Pero el análisis es incompleto si pretende transmitir la idea de que sólo es un error comunicativo, de relaciones públicas o de diplomacia. También sería incompleto aunque también se lamente la renuncia unionista a la acción política. El triunfo del relato soberanista no es sólo por eso sino por tres cosas más sustanciales.
Segundo. Las demandas se hacen con extrema civilidad.
Grandes
manifestaciones con más de un millón de personas desde el 2010 y un
hecho extraordinario: ni un solo incidente. Movilizaciones masivas, transversales, familiares y expresadas en positivo. Incluso una educación extrema, con las papeleras llenas. Un
ejemplo de responsabilidad social de los organizadores y, sobre todo, de
responsabilidad cívica de la sociedad, y más ante todo un estado que es
quien tiene el interés por crear el conflicto gestionando policialmente
el hecho político de un ejercicio de libertad de expresión. Y es hoy el
principal perturbador y amenaza al orden público. Hoy el Washington Post publica un videorreportaje destacando el carácter pacífico de la movilización de los estudiantes. El
mundo ha percibido la importancia del gesto: en condiciones de paz y
democracia, con civilidad y con razones legítimas, se puede hablar de
todo y todo pueblo tiene derecho a autodeterminarse. Si
el proceso catalán concluye con éxito, las rebeldías sangrientas
-aunque sean para conseguir objetivos legítimos- quedarán más desacreditadas
porque el mundo habrá conocido vías pacíficas de ejercer la
autodeterminación a pesar de tener el Estado en contra. Tercero. Las consecuencias serán positivas para el contexto socioeconómico y de gobernanza. La situación actual es insostenible y fuente de conflictividad. Dentro del contexto europeo, hoy en día la independencia no implica fronteras: se trata de algo tan sencillo como que las decisiones que afectan a los catalanes las tomen los propios catalanes, al menos en aquello en que los países aún tienen capacidad de decidir. Cataluña podrá progresar evitando las limitaciones que tiene ahora impuestas y España podrá reinventarse dejando atrás unas constricciones a la democracia y a la competitividad fruto la voluntad de ejercer el control sobre Cataluña. Contra la suma de resultado cero, con los dos estados, la suma será más positiva y el marco de colaboración entre los dos puede ser excelente. Por otra parte, Europa y el mundo necesitan ejemplos positivos de defensa de la libertad y de recuperación ciudadana de la política.
La RSC lleva implícito el cumplimiento de la legalidad. Pero para una empresa o institución que hable de RSC no basta con el mero cumplimiento del articulado, ya que éste puede darse buscando los resquicios e interpretaciones hasta el fraude de ley. Hay que cumplir con el espíritu de la ley, lo que el legislador aprobó por delegación de la sociedad. El estado español es el más incumplidor de Europa con diferencia, cambia los marcos legales a medio partido (renovables, TC...), incumple sus propias leyes (memoria histórica...), compromisos con los derechos humanos (refugiados...), 34 sentencias del TC y TS, e incluso se permite incumplir 17 veces seguidas una sentencia sin que pase nada (IRPF). De hecho no respeta ni la propia CE, la cual solo se puede interpretar según los convenios internacionales suscritos. Este estado sin credibilidad en el cumplimiento decidió romper los pactos del 78 (por ejemplo la doble llave del Estatuto). No creo que España sea un Estado de Derecho europeo decía en el Mundo una catedrática de Derecho Internacional Público de la Complutense. Un estado que no cumple las leyes es un estado fallido.
La RSC debe atender la complejidad del momento que la ley deja de ser legítima. Las empresas que operan globalmente saben que cumplir la ley en algunos países puede suponer vulnerar los derechos humanos, lo que les plantea un difícil dilema ético al que hacer frente. Este dilema se plantea cuando una ley ha perdido su legitimidad a pesar de que formalmente siga vigente. El paso de la ley a la ley no siempre es fácil pero a veces hay que saber hacer cuajar de manera pacífica y serena momentos fundacionales. Un estado que no dispone de capacidad de actualizar los grandes pactos desde el consenso es un estado fallido. Todos los actores implicados deben valorar, más allá de sus intereses particulares en el corto plazo, si un estado puede basar su unidad en la fuerza de la coerción como forma de impedir que uno de los pueblos que acoge decida marcharse. Sería como si una empresa proveedora fuera cautiva por obligación. Los pueblos, como las personas tienen derechos. Y las personas que forman parte de un pueblo tienen derecho a decidir cuál es la forma en que este pueblo debe organizarse políticamente.
Si un estado no tiene capacidad de ser inclusivo con los pueblos que integra, o si no es eficaz para promover el desarrollo dentro de la diversidad
que integra, puede suceder que ese estado no constituya la manera más
racional de organizar la convivencia. La
Agenda 2015-2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
promovidos por Naciones Unidas piden a todos los actores que seamos
capaces de crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a
todos los niveles, así como garantizar la adopción de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las
necesidades a todos los niveles. Este
reto, en último término, puede llevarnos a cuestionar si algunos
estados multinacionales creados con la sangre de los soldados y el semen
de los reyes responden a la manera más satisfactoria para el siglo XXI.
Los
pactos fundamentales y el mismo estado de derecho requieren para su
plena eficacia en una sociedad avanzada un marco de renovación de sus
consensos, que permitan la adhesión voluntaria sin pervertir la dignidad
de sus partes ni sus aspiraciones legítimas para su desarrollo. Como se dice en los ODS, el estado de derecho y el desarrollo tienen una interrelación significativa y se refuerzan mutuamente. Para ser absolutamente positivo en esta reflexión, no quiero entrar ahora en el análisis de la parte española. Solo dejo anotado que la vulneración de derechos democráticos ha situado España al nivel de países como Turquía, con un verdadero estado de sitio y con miles de policías llegados de todos los rincones de España con conciencia de venir a reprimir y a ocupar el país (A por ellos, oé).
Sabemos que en otro contexto, ahora mismo Barcelona estaría siendo bombardeada y muchos de nosotros encarcelados o fusilados. Sin embargo, la respuesta habitual de España hoy no es factible porque estamos en la Unión Europea y porque todo el mundo ve los acontecimientos en directo. Por eso y sólo por eso, la estrategia ha evolucionado hacia el asesinato civil: apartar personas de la vida civil arrebatándoles todo su patrimonio. Como siempre se había dicho, aceptando una visión liberal de las relaciones entre las personas y los pueblos, en democracia y de manera pacífica, se puede hablar de todo. Hablar y dialogar sin limitaciones previas, aceptando la singularidad del otro, respetando la diversidad y las diferencias, es el fundamento de la plena libertad. Lamentablemente la credibilidad está muy dañada: Felipe VI mintió diciendo que Cataluña será lo que quieran los catalanes, el PSOE de Suresnes mintió afirmando que las nacionalidades tenían derecho a la autodeterminación, Zapatero mintió diciendo aprobaré el Estatuto que apruebe el Parlament de Catalunya, y las instituciones españolas mintieron cuando en pleno conflicto vasco reiteraron que en un contexto de paz se podía hablar de todo, de autodeterminación incluida. Incluso la autonomía se ha demostrado un engaño: un fiscal y dos directivas de la Moncloa eran suficiente para intervenir la Generalitat y para que Cataluña se vuelva a llenar de tricornios, sin activar ni el 155 y creando un estado de excepción sin declararlo, lo que muestra que la CE no es garantía de nada y que todo queda en manos de la arbitrariedad política. Cuando un estado deja de ser creíble convierte en un estado fallido.
También dejo para otro artículo la reflexión sobre el papel de las empresas, todas pero especialmente las que ejercen un mayor poder sobre la actividad pública y política, las oligarquías que han marcado el camino de España y la satisfacción de sus intereses desde el palco del Bernabeu. Sólo dejo anotado que su responsabilidad me parece más relevante que la de Rajoy, porque su opinión es mucho más determinante como se ha visto siempre haciendo y deshaciendo.
En una visión de responsabilidad ante la sociedad, una empresa no sólo debe cumplir con las leyes sino con el espíritu de estas, que es lo que la sociedad, a través del legislador, ha querido establecer como norma. Debemos ser exigentes con los marcos legales, así como con aquellos que tienen por función hacerlas evolucionar para que den respuesta a los nuevos retos que la sociedad plantea, sin que la mera exigencia legal sea una barrera para rehuir la necesidad de que toda sociedad moderna, plural y compleja tiene de dialogar, rehacer los consensos y dibujar el futuro.
Tres notas finales:
- Es una heroicidad haber llegado hasta aquí y tener unas condiciones aceptables para que el voto de mañana pueda ser masivo y efectivo, a pesar de tener todo un estado en contra. Esto evidencia que el Estado español ha dejado de ser plenamente efectivo en Cataluña, como la Constitución, que ha dejado de tener legitimidad. Una parte enorme de la población ya ha desconectado mentalmente del Estado y esto ya no tiene marcha atrás.
- En el siglo XXI, la gestión de la diversidad y de las identidades será fundamental. Será y ya es un eje básico de la sostenibilidad del Planeta y de cada una de sus regiones. Lo que se está dirimiendo en Cataluña estos años es como se da solución civilizada a estos retos, a las aspiraciones legítimas de los pueblos, el ejercicio del poder por parte de los estados, a las interrelaciones entre naciones. Los retos de la gobernabilidad son la máxima responsabilidad de los gobiernos ante la sociedad, su RSC.
- La sociedad civil catalana, en este sentido, ha demostrado una inmensa madurez y capacidad de articular las sensibilidades generando transversalidad, encontrando el común denominador. Esto dice mucho de un pueblo y del capital social que acumula. Además, la sociedad civil organizada ha sabido encontrar en la expresión del derecho a decidir la forma de recuperar la dignidad del pueblo ante los constantes pisoteos.
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