[ARTÍCULO] Interferencias de las empresas en las políticas públicas @PetrolisIndep @ClubRACC

Del título se podría desprender que me propongo hacer un alegato contra las actitudes de las corporaciones privadas que ejercen influencia en las políticas públicas. De hecho, me gustaría hacer lo contrario. Defender situaciones en las que las interferencias pueden ser positivas y creadoras de bien común.

En cuanto a las primeras, daría por mucho. En cualquier caso, siempre habría que examinar primero si los mecanismos son legales, si se hacen con transparencia, si la demanda es legítima, como afecta al bien común, y cómo afecta a los intereses de las otras partes y, por tanto, el valor compartido. Ahora me centraré en casos en que la presión o influencia se ejerce bajo una intención ética, a partir de dos casos de actualidad de esta semana.

Primer ejemplo. El presidente del RACC ha dirigido personalmente una carta a todos los socios para mostrar la preocupación por cómo el Gobierno y el Ayuntamiento pretenden prohibir la circulación de vehículos antiguos para evitar el efectos contaminantes. Se posiciona defendiendo la mejora de la calidad del aire pero para que también se garantice la movilidad de las personas y, en consecuencia, anuncian que sólo apoyarán las medidas si previamente se realizan mejoras significativas en el transporte público y se establecen ayudas económicas para los usuarios que se verán obligados a sustituir su vehículo, probablemente los colectivos más vulnerables.

Mejorar el transporte público es de interés general, y adaptar las políticas públicas para que tengan una visión transversal en cuanto a sus efectos y asegurar que no perjudiquen a los sectores más vulnerables también. Seguramente, el RACC también tiene un interés corporativo, pero sea cual sea la demanda es razonable en términos de interés general. Con buen sentido de la ecuanimidad, hacen referencia explícita a quien tiene la máxima responsabilidad en las graves carencias en las infraestructuras metropolitanas y catalanas en general, la Administración del Estado. Por último, no solo expresan un posicionamiento sino que se predisponen a dialogar con las autoridades, con preguntas que ya anticipan, entre las que, por ejemplo, por qué se prohíbe la circulación de turismos, mientras que no se aplican restricciones a los camiones más antiguos, cuando se consideran grandes emisores de partículas contaminantes.  

Segundo ejemplo. La Paeria (ayuntamiento) de Lleida manifestó por boca de la máxima autoridad que, en relación con el cumplimiento de la Ley de Memoria Historica, si alguien no quería una placa franquista con el yugo y las flechas en su casa que "cogiera un destornillador" y la descolgara él mismo. La empresa Petrolis Independents inició una campaña, junto con organizaciones vecinales y sociales, para retirar las placas franquistas de las calles de Lleida. Después de la acción realizada por los voluntarios de la empresa y otras organizaciones, el alcalde comenzó pidiendo a Petrolis Independents que acabe con la retirada de placas franquistas y en menos de una semana ha cambiado su discurso y ha enviado una carta a propietarios donde se les pide permiso para sacar las placas si los vecinos están de acuerdo con cumplir la ley.

Los propietarios de Petrolis Independents, Joan Canadell y Jordi Roset, han querido recordar al alcalde que 'está incumpliendo la Ley de Memoria Histórica, que establece muy claramente que los ayuntamientos, con sus propios recursos, deben eliminar los símbolos franquistas que perviven en sus municipios'. La empresa incluso ha elaborado un vídeo tutorial sobre cómo se sacan las placas. Canadell, presidente de la empresa, consideró que no es cosa de una empresa de petróleos hacerse cargo de la retirada de las placas, aunque el coste económico es cero, y ha instado al Ayuntamiento a ocuparse se directamente, pero ha señalado que si finalmente es necesario, no tendrían ningún inconveniente en asumir ellos mismos la responsabilidad, y que " la sociedad civil siempre actúa cuando los gobernantes no responden". Coincidiendo con este hecho, el Ayuntamiento de Alacant sacó las placas franquistas de los viales pero una resolución judicial ordenó recolocarlo, de manera que en pleno sXXI se volvía a poner una placa rememorando a la División Azul. Ninguna empresa movió un dedo, tal vez porque creyeron que no toca pedir el cumplimiento de las leyes democráticas ni pedir que no se despilfarren los recursos públicos en volver a reponer unas placas que, en unos meses, habrá que volver a quitar.

Son dos ejemplos muy diferentes, pero que muestran como el papel de una empresa puede favorecer que la política no viva aislada de la sociedad, que no se crea con el derecho de ejercer el poder emanado de unas urnas sin un diálogo permanente, sin unas buenas prácticas contrastadas, y sin unos criterios de eficiencia y de orientación al bien común. Evidentemente, es necesario que estas intervenciones empresariales estén alineadas con el bien común.

Por cierto, ¿se imaginan que el IBEX35 se hubiera mostrado crítico hacia la creación hace unos años de una nueva lengua en España, el LAPAO? Seguramente el gobierno no habría podido avalar tales políticas sin contar con el silencio displicente del mundo empresarial. ¿Pero por qué deberían haber entrado en política? Pues porque defender que 1+1 son 2 no es política, es sentido común, y cuando la política entra en terrenos que no le corresponden porque pertenecen a la ciencia, la sociedad civil le tiene que parar los pies antes de que la locura sea imparable.