El gran riesgo del nuevo Reglamento general de protección de datos (RGPD)

El próximo 25 de mayo entra en vigor el nuevo Reglamento general de protección de datos (RGPD). Todos lo estamos percibiendo con los correos que recibimos para validar la voluntad de seguir recibiendo boletines diversos.

Se trata de una norma europea directamente aplicable, que no requiere normas internas de transposición ni tampoco, en la mayoría de los casos, normas de desarrollo o de aplicación. Esta circunstancia tiene una consecuencia relevante: el RGPD no es un marco legal típicamente de tradición romana sino anglosajona. Es decir, no incluye una relación precisa de qué hacer y qué no hacer, sino que se basa en unos principios a aplicar con sentido común y responsabilidad.

Suena bien, me gusta. Pero percibo un riesgo importante. ¿Qué pasa cuando un modelo como éste se aplica en un estado con una tradición opuesta? La respuesta es que es cuestión de adaptarse todos, los usuarios activos y pasivos y los que imparten justicia. Cierto, pero me gustaría hacer notar que existe un riesgo más relevante.

Este reglamento puede facilitar que las autoridades puedan purgar personas jurídicas o físicas contra las que haya un interés de Estado. Estamos viviendo estos últimos meses con la evidècia que el estado de derecho español ha mostrado grietas fundamentales cuando se ha facilitado impunemente que todas las instituciones del estado, incluidos los tribunales, se hayan alineado con una voluntad política, forzando hasta límites impensables los marcos legales previstos, o directamente saltándoles.

El RGPD puede permitir una aplicación local que permita hundir en la miseria un autónomo que haya cometido algún error minúsculo en el tratamiento de los datos de una newsletter. Puede pasar, si es del interés político de los que señalan y tiran a matar. Ya ha pasado con la anterior ley respecto a las multas enormes en Òmnium Cultural y en la Assemblea Nacional Catalana. Y muchas otras empresas y autónomos sabemos lo que es estar en la diana de los que disparan con intencionalidad de purga política.

Máxima prudencia, pues, en el cumplimiento del nuevo reglamento y mejor no creerse que un modelo anglosajón basado en principios, en el sentido común y en la responsabilidad se aplicará en España bajo criterios de sentido común y responsabilidad.