No sólo es razonable sino previsible e incluso muy sano desde el punto de vista democrático. Mientras que en Islandia vemos que hay culpables en la cárcel y que se ha sometido a referéndum como se debía proceder, cada vez es más evidente que en nuestro país la crisis no habrá comportado ninguna consecuencia ni de enmienda de lo que se hizo mal ni de castigo de los que hicieron mal.
Los movilizados no tienen un ideario claro o compartido, pero tienen el sentido de la indignación que proclamaba Stéphane Hessel. No sé si llegarán a encontrar un hilo conductor de su demanda. Quizás una nueva ley electoral ... muy poco para todo lo que se hierve. Pero dentro del colectivo tanto hay conciencias indignadas como activistas anti-sistema, tanto hay anti-capitalistas como demócratas profundos ... Una mezcla que hará difícil encontrar propuestas de fondo.
Desde los entornos oficiales sólo preocupa en este momento qué consecuencia electoral puede tener y cómo hay que tratar el fenómeno de acuerdo con la prohibición legal de hacer manifestaciones durante la jornada electoral y el día previo de reflexión. Se está a la espera de lo que indique la Junta Electoral.
Pero más allá de lo que diga el articulado de la ley, han pasado muchos años y hay que saber interpretar el sentido de un artículo redactado a finales de los años 70, al inicio de la democracia y en plena ebullición de partidos políticos. Y hay que ser lo suficientemente hábil para entender que esta movilización no tiene partidos políticos detrás, que no tiene consignas partidistas, y que precisamente reclaman un cambio en la ley electoral.
Y aún hay más. Como acaba de manifestar Ester Giménez-Salinas, rectora de la Universitat Ramon Llull en TV3, no se puede imponer una ley que no se podrá cumplir. Palabras sabias y doctas de una jurista. No es propio de nuestra tradición jurídica reinterpretar las leyes de acuerdo con las sentencias que se van produciendo, pero sí que habría que saber poner en contexto la interpretación de un articulado concebido para un periodo concreto, saber valorar la intencionalidad, saber ponderar las consecuencias de una interpretación jurídica extemporánea ... Lo más sabio y lo más razonable es no actuar, siempre que se pueda garantizar el orden público, las condiciones de salubridad, y que realmente no se esté condicionando el derecho de voto y la neutralidad partidista.
Para hacer un paralelismo que se entiende perfectamente, también la Constitución Española otorga al ejército la unidad territorial del Estado, en un redactado que pasa por encima del derecho democrático a decidir pero que fue una concesión formal a los poderes fácticos del antiguo régimen y los militares en concreto. Es evidente, sin embargo, que ante una decisión democrática y pacífica de secesión por parte de una de las naciones que conforman el estado español, difícilmente el ejército podría hacer uso de esta función otorgada fruto de unas circunstancias y decaída con la consolidación de la democracia.
Estamos, pues, ante la necesidad de la sutilidad política y judicial. No se puede actuar con interpretaciones meramente legalistas. Si alguien da la orden de desalojar a los acampados, cometerá un gran error político y democrático. Las ideas y los sentimientos de indignación se deben dejar fluir, y se debe permitir que dispongan de las condiciones para poder cristalizar en algo, sin el apriorismo que todo tenga que canalizarse a través de los partidos tradicionales.
Precisamente los partidos deben ser lo suficientemente humildes para entender que estas manifestaciones pueden permitirles mejorar y de progresar. Todos sabemos que ni los partidos ni los poderes públicos están en condiciones de moverse en libertad, entre otros motivos porque están apretados por el dinero que deben. Están hipotecados y, en consecuencia, condicionados. Si son sinceros, tendrán que aceptar que sólo una gran presión social para el fortalecimiento democrático puede devolverles el ejercicio de una función social que es necesaria y que deberían llevar a cabo con una libertad de la que no disponen plenamente.
El espíritu democrático, renovador, crítico, de las movilizaciones debe ser respetado y debe pasar por delante de las interpretaciones estrechas o interesadas. Lincoln dijo que puede haber libertad de expresión sin democracia pero nunca democracia sin libertad de expresión.
Publicado en Jornal.cat
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