Enlaces relacionados »[05/07/2011]El seminario Empresa y derechos humanos: más allá de la crisis, organizado por la UOC y la Fundación Salud, Innovación y Sociedad - Novartis, ha analizado este lunes el estado de la responsabilidad social corporativa, una práctica cada vez más habitual en las empresas que en los últimos diez años ha vivido cambios importantes.
El seminario es una actividad de continuación del Foro Internacional sobre Responsabilidad Social 2010 (Está teniendo lugar un interesante foro de RSE en Fomento del Trabajo) organizado por la UOC, el FSIS y Fomento del Trabajo. El año 2011 abre un período de evaluación y diseño de nuevas acciones en cuestiones de negocio y derechos humanos, con la perspectiva de marcos conceptuales y operacionales desarrollados por Global Compact de las Naciones Unidas (décimo aniversario) y el representante especial de las Naciones Unidas sobre Negocios y Derechos Humanos (quinto aniversario), además de la aprobación de la ISO 26000, en diálogo con diversas partes interesadas. El propósito de este seminario internacional es analizar los principales logros e identificar los retos prioritarios que hay en el futuro para dar forma a la nueva agenda en los ámbitos global, europeo y español, y recopilar experiencia internacional en principios y buenas prácticas.
Resumen de los contenidos tratados
Las empresas cada vez están más implicadas en la responsabilidad social corporativa(RSC), una demanda creciente por parte de la sociedad, sobre todo en el contexto de crisis económica actual. En la última década, los diferentes sectores implicados han incrementado la atención al impacto de las empresas privadas en aspectos sociales, medioambientales y de derechos humanos de las sociedades en las que operan. Este es el contexto que ha analizado en Barcelona el seminario internacional Empresa y derechos humanos: más allá de la crisis, organizado por la UOC, en el marco del máster en Derechos Humanos y Democracia, y la Fundación Salud, Innovación y Sociedad - Novartis (FSIS) y que ha reunido a expertos, representantes del mundo empresarial y sindical, así como académicos.
El objetivo del seminario era analizar las principales consecuciones e identificar los retos de futuro, además de recoger experiencia internacional en principios y buenas prácticas. Por eso, el seminario (continuación del Foro Internacional sobre Responsabilidad Social 2010, organizado por la UOC, FSIS y Fomento del Trabajo) ha realizado un análisis con una perspectiva global, europea y española para después finalizar con un debate abierto entre representantes de los distintos sectores implicados.
Las diferentes ponencias se han referido a los momentos clave que han marcado este nuevo marco, como el Pacto mundial de las Naciones Unidas, impulsado por el anterior secretario general, Kofi Annan, en el año 1999 en Davos, y que es la iniciativa más importante a escala internacional en este sentido. Otro punto de inflexión tuvo lugar el día 16 de junio, cuando el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó los Principios rectores de John Ruggie (representante especial del secretario general para los Derechos Humanos, las Empresas Transnacionales y Otras Empresas), fruto de seis años de trabajo.
Lucy Amis, investigadora del Institute for Human Rights and Business de Londres, se ha referido a los Principios de Ruggie («los cuales animan a las empresas a cumplirlos, pero no se las obliga») y ha destacado que veintiocho países ya los han adoptado como propios. Amis también se ha referido al grupo de trabajo que a partir de septiembre formarán cinco expertos independientes que en los próximos tres años promoverán y difundirán los Principios rectores y visitarán diferentes países donde tendrán en cuenta, sobre todo, los temas referentes a la perspectiva de género y el trabajo infantil. «Actualmente se da una convergencia unánime en torno a estos principios», ha explicado Amis, que se ha declarado optimista. «Existen oportunidades y muchas posibilidades para mejorar las cosas», ha dicho, a pesar de reconocer que las encuestas a empresas muestran que tan solo una cuarta parte de estas conocen el nuevo marco normativo de las Naciones Unidas. Según esta experta, hay que centrar los esfuerzos en un liderazgo tanto en el campo gubernamental, en el que hay muchas incoherencias, como en las empresas, de las cuales ha criticado actuaciones como las de France Telecom o Vodafone cuando cerraron sus redes de comunicación durante las revueltas en países árabes.
Por otra parte, Klaus M. Leisinger, presidente y director ejecutivo de la Fundación por el Desarrollo Sostenible - Novartis, ha criticado que en el mundo empresarial mucha gente todavía no vea este debate como propio. «Las empresas tienen que conocer todas las dimensiones del problema», ha apuntado. Leisinger ha recomendado a las empresas que «formen parte del debate y aporten sus argumentos». «Los gestores de las empresas no son monstruos, sino personas, pero creen que las obligaciones públicas no tienen que interferir en los intereses privados», ha recordado. Este experto ha terminado pidiendo que el debate sea «menos ideológico».
La perspectiva europea
Una vez explicado el marco general, la segunda parte del seminario se ha centrado en Europa, que dispone de una regulación estricta en lo referente a empresas y derechos humanos, la cual, en términos generales, es bastante respetada. El problema es que no existe ninguna legislación sobre mecanismos de recuperación del impacto sobre los derechos humanos de las operaciones extraterritoriales de las multinacionales europeas, lo que implica que se sigan cometiendo abusos de estas en países en vías de desarrollo.
Así, Thomas Dodd, experto de Responsabilidad Social Corporativa de la Comisión Europea, que ha participado en el seminario con una conferencia grabada en vídeo, ha repasado algunas acciones de la Comisión en este ámbito y ha reconocido las mejoras que han tenido lugar en los últimos años. Con respecto a los Principios rectores de Ruggie, ha admitido que «el marco de las Naciones Unidas es el mejor, porque se ocupa de un tema polémico y lo convierte en menos difícil». Sobre la actuación de las empresas europeas fuera del territorio de la UE, ha recordado que la competencia es de los estados y no de la UE, pero ha admitido que hay «problemas por resolver». También ha abogado por la participación de los distintos actores: «El diálogo entre las diferentes partes implicadas ha sido una constante en nuestro planteamiento. Y eso cada vez será más importante».
La siguiente ponencia ha sido la de Mauricio Lazala, vicedirector del Business and Human Rights Resource Centre, una ONG ubicada en Londres que realiza el seguimiento del impacto en temas de derechos humanos de más de cinco mil empresas. Lazala ha reconocido que «en el campo de las empresas y los derechos humanos se ha adelantado mucho en los últimos diez años, tanto internamente en las empresas como en las sociedades en las que operan. Hace diez años en Europa había muy pocas empresas que adoptaran políticas explícitas en derechos humanos, mientras que ahora hay muchas», ha afirmado. Lazala ha enumerado mejoras como que ciertas bolsas de valores hayan creado filtros en este sentido, la creación de organismos públicos que se ocupen de esta materia, el mayor número de publicaciones académicas o el trabajo realizado desde el Banco Mundial y la UE, entre otros aspectos. «Diez años atrás, ONG como Intermón Oxfam, Amnistía Internacional, la Cruz Roja o Greenpeace tan sólo monitoreaban los gobiernos, mientras que ahora también lo hacen con el sector privado». «En esta década se ha dado una gran mejora, pero ningún país europeo ni del resto del mundo tiene legislación que solucione los impactos de la vulneración de los derechos humanos», ha alertado.
La siguiente intervención ha sido de Juan de la Mota, presidente de la Red Española del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, quien ha recordado que «el Pacto Mundial tiene una perspectiva básicamente empresarial». Ha admitido que, debido a ello, «lo que no tenga un enfoque productivo no tiene sentido porque no es sostenible. Las empresas no son ONG». Este experto ha enumerado los principios del Pacto (concentrados en cuatro puntos esenciales, como normas laborales, medio ambiente, anticorrupción y derechos humanos), a los que se han adherido, de forma voluntaria, casi 9.000 entidades (la gran mayoría empresas) de 135 países diferentes. De estas entidades, 1.276 son españolas (59% de las cuales son pymes).
El último de los ponentes ha sido José Luis Blasco, responsable de Responsabilidad Social Corporativa de la cooperativa suiza KPMG Europe LLP, quien ha admitido que los derechos humanos en el sector empresarial es un tema «confuso, difuso» y ha reconocido que los Principios de Ruggie «pueden ayudar a que inversores estudien este tipo de cuestiones». También ha admitido la importancia de los derechos humanos para el tejido empresarial: «La capa básica de la economía de mercado es el cumplimiento de los derechos humanos, el sustrato necesario para desarrollar gran parte de los negocios». Ha dado cinco recomendaciones a la hora de definir un sistema eficiente de implantación: analizar los riesgos, establecer los compromisos, asignar responsabilidades, la formación y la corrección. «El problema de las políticas de derechos humanos de las compañías es que forman parte de una capa que no se conecta con los procedimientos de las operaciones, los procedimientos de la propia compañía, ha criticado». Blasco ha concluido la intervención diciendo que «se tiene que buscar la motivación para que las compañías apuesten por este tipo de políticas».
Numerosas intervenciones
La segunda parte del seminario ha sido una mesa redonda moderada por el sociólogoSalvador Giner que ha permitido escuchar de nuevo a estos ponentes, pero también otros expertos invitados. Así, Klaus M. Leisinger y Lucy Amis han coincidido a pedir a los medios de comunicación que no se centren tan sólo en las malas prácticas de las empresas y en el hecho de que ante realidades complejas no valen soluciones fáciles como puede ser que ante situaciones problemáticas las empresas abandonen los países (lo que no tan solo no soluciona el problema, sino que puede incluso empeorarlo).
A su vez, Àngel Pes (subdirector general de Responsabilidad Social Corporativa de «la Caixa») ha advertido que las responsabilidades de las empresas no tienen que hacer diluir la principal, que es la de los estados, «que tienen responsabilidades que no pueden subcontratarse ». Acto seguido, Juan de la Mota ha recordado la importancia de que las empresas colaboren con los gobiernos locales, mientras que Camil Ros(responsable de política sindical de la UGT de Cataluña) ha criticado la dificultad de seguimiento que supone la política de subcontrataciones y ha pedido instrumentos y acuerdos internacionales para vigilar mejor la actuación de las empresas transnacionales.
Por otra parte, Carolina Gala (profesora titular de Derecho laboral de la UAB y experta en RSC) ha apostado por contraprestaciones económicas para los ciudadanos de países en vías de desarrollo para que puedan dejar de trabajar y se dediquen a estudiar, ha criticado que en el Estado español no se compruebe si realmente son socialmente responsables las empresas a las que se otorgan subvenciones por este motivo y ha pedido poder trasladar los modelos de responsabilidad social a empresas medianas y no tan sólo a las grandes multinacionales.
Otras aportaciones han sido la de Daniel Arenas (jefe de investigación del Instituto por la Investigación Social de la Escuela de Negocios - ESADE), quien ha admitido que los estudiantes de las escuelas de negocios no están concienciados con respecto a la RSC y que creen que el impacto de los derechos humanos ya está en las normativas gubernamentales, o la de Jaume Saura, presidente del Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, que ha recordado que los acuerdos de los foros internacionales no parten de idealistas, sino de expertos y representantes de los estados. «Y, por lo tanto, los estados son los primeros responsables que tienen que hacerlas cumplir», ha dicho.
Otra intervención ha sido la de Maria Prandi (responsable del programa sobre Empresa y Derechos Humanos de la Escuela de Cultura de Paz de la UAB), quien ha pedido que se «desaprenda» algunos aspectos que se daban por aprendidos y ha celebrado que en los Principios de Ruggie «por primera vez se hable de forma seria de la reparación de las víctimas». A su vez, Mercedes Pizarro (directora de Estudios Económicos de Fomento del Trabajo) ha recordado que la responsabilidad empresarial tiene que ser voluntaria y que existe la corresponsabilidad de las administraciones y entidades públicas, mientras que Luigi Foffani (profesor de Derecho penal de la Universidad de Módena) ha admitido que en Europa hay una tendencia a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. «Lo que es más destacable es el aspecto preventivo de los delitos y la difusión de la cultura de la legalidad en las empresas europeas», ha resaltado.
En las reflexiones finales, Tomàs Jiménez Araya, coordinador ejecutivo del seminario, ha admitido la complejidad del problema, que todo se encuentran al inicio de un largo proceso, la importancia de un marco multilateral y de una concertación entre los actores públicos, privados y la sociedad civil. Las diferentes ponencias y aportaciones de este seminario tomarán forma a medio plazo con un libro que editará la UOC.
Las empresas cada vez están más implicadas en la responsabilidad social corporativa(RSC), una demanda creciente por parte de la sociedad, sobre todo en el contexto de crisis económica actual. En la última década, los diferentes sectores implicados han incrementado la atención al impacto de las empresas privadas en aspectos sociales, medioambientales y de derechos humanos de las sociedades en las que operan. Este es el contexto que ha analizado en Barcelona el seminario internacional Empresa y derechos humanos: más allá de la crisis, organizado por la UOC, en el marco del máster en Derechos Humanos y Democracia, y la Fundación Salud, Innovación y Sociedad - Novartis (FSIS) y que ha reunido a expertos, representantes del mundo empresarial y sindical, así como académicos.
El objetivo del seminario era analizar las principales consecuciones e identificar los retos de futuro, además de recoger experiencia internacional en principios y buenas prácticas. Por eso, el seminario (continuación del Foro Internacional sobre Responsabilidad Social 2010, organizado por la UOC, FSIS y Fomento del Trabajo) ha realizado un análisis con una perspectiva global, europea y española para después finalizar con un debate abierto entre representantes de los distintos sectores implicados.
Las diferentes ponencias se han referido a los momentos clave que han marcado este nuevo marco, como el Pacto mundial de las Naciones Unidas, impulsado por el anterior secretario general, Kofi Annan, en el año 1999 en Davos, y que es la iniciativa más importante a escala internacional en este sentido. Otro punto de inflexión tuvo lugar el día 16 de junio, cuando el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó los Principios rectores de John Ruggie (representante especial del secretario general para los Derechos Humanos, las Empresas Transnacionales y Otras Empresas), fruto de seis años de trabajo.
Lucy Amis, investigadora del Institute for Human Rights and Business de Londres, se ha referido a los Principios de Ruggie («los cuales animan a las empresas a cumplirlos, pero no se las obliga») y ha destacado que veintiocho países ya los han adoptado como propios. Amis también se ha referido al grupo de trabajo que a partir de septiembre formarán cinco expertos independientes que en los próximos tres años promoverán y difundirán los Principios rectores y visitarán diferentes países donde tendrán en cuenta, sobre todo, los temas referentes a la perspectiva de género y el trabajo infantil. «Actualmente se da una convergencia unánime en torno a estos principios», ha explicado Amis, que se ha declarado optimista. «Existen oportunidades y muchas posibilidades para mejorar las cosas», ha dicho, a pesar de reconocer que las encuestas a empresas muestran que tan solo una cuarta parte de estas conocen el nuevo marco normativo de las Naciones Unidas. Según esta experta, hay que centrar los esfuerzos en un liderazgo tanto en el campo gubernamental, en el que hay muchas incoherencias, como en las empresas, de las cuales ha criticado actuaciones como las de France Telecom o Vodafone cuando cerraron sus redes de comunicación durante las revueltas en países árabes.
Por otra parte, Klaus M. Leisinger, presidente y director ejecutivo de la Fundación por el Desarrollo Sostenible - Novartis, ha criticado que en el mundo empresarial mucha gente todavía no vea este debate como propio. «Las empresas tienen que conocer todas las dimensiones del problema», ha apuntado. Leisinger ha recomendado a las empresas que «formen parte del debate y aporten sus argumentos». «Los gestores de las empresas no son monstruos, sino personas, pero creen que las obligaciones públicas no tienen que interferir en los intereses privados», ha recordado. Este experto ha terminado pidiendo que el debate sea «menos ideológico».
La perspectiva europea
Una vez explicado el marco general, la segunda parte del seminario se ha centrado en Europa, que dispone de una regulación estricta en lo referente a empresas y derechos humanos, la cual, en términos generales, es bastante respetada. El problema es que no existe ninguna legislación sobre mecanismos de recuperación del impacto sobre los derechos humanos de las operaciones extraterritoriales de las multinacionales europeas, lo que implica que se sigan cometiendo abusos de estas en países en vías de desarrollo.
Así, Thomas Dodd, experto de Responsabilidad Social Corporativa de la Comisión Europea, que ha participado en el seminario con una conferencia grabada en vídeo, ha repasado algunas acciones de la Comisión en este ámbito y ha reconocido las mejoras que han tenido lugar en los últimos años. Con respecto a los Principios rectores de Ruggie, ha admitido que «el marco de las Naciones Unidas es el mejor, porque se ocupa de un tema polémico y lo convierte en menos difícil». Sobre la actuación de las empresas europeas fuera del territorio de la UE, ha recordado que la competencia es de los estados y no de la UE, pero ha admitido que hay «problemas por resolver». También ha abogado por la participación de los distintos actores: «El diálogo entre las diferentes partes implicadas ha sido una constante en nuestro planteamiento. Y eso cada vez será más importante».
La siguiente ponencia ha sido la de Mauricio Lazala, vicedirector del Business and Human Rights Resource Centre, una ONG ubicada en Londres que realiza el seguimiento del impacto en temas de derechos humanos de más de cinco mil empresas. Lazala ha reconocido que «en el campo de las empresas y los derechos humanos se ha adelantado mucho en los últimos diez años, tanto internamente en las empresas como en las sociedades en las que operan. Hace diez años en Europa había muy pocas empresas que adoptaran políticas explícitas en derechos humanos, mientras que ahora hay muchas», ha afirmado. Lazala ha enumerado mejoras como que ciertas bolsas de valores hayan creado filtros en este sentido, la creación de organismos públicos que se ocupen de esta materia, el mayor número de publicaciones académicas o el trabajo realizado desde el Banco Mundial y la UE, entre otros aspectos. «Diez años atrás, ONG como Intermón Oxfam, Amnistía Internacional, la Cruz Roja o Greenpeace tan sólo monitoreaban los gobiernos, mientras que ahora también lo hacen con el sector privado». «En esta década se ha dado una gran mejora, pero ningún país europeo ni del resto del mundo tiene legislación que solucione los impactos de la vulneración de los derechos humanos», ha alertado.
La siguiente intervención ha sido de Juan de la Mota, presidente de la Red Española del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, quien ha recordado que «el Pacto Mundial tiene una perspectiva básicamente empresarial». Ha admitido que, debido a ello, «lo que no tenga un enfoque productivo no tiene sentido porque no es sostenible. Las empresas no son ONG». Este experto ha enumerado los principios del Pacto (concentrados en cuatro puntos esenciales, como normas laborales, medio ambiente, anticorrupción y derechos humanos), a los que se han adherido, de forma voluntaria, casi 9.000 entidades (la gran mayoría empresas) de 135 países diferentes. De estas entidades, 1.276 son españolas (59% de las cuales son pymes).
El último de los ponentes ha sido José Luis Blasco, responsable de Responsabilidad Social Corporativa de la cooperativa suiza KPMG Europe LLP, quien ha admitido que los derechos humanos en el sector empresarial es un tema «confuso, difuso» y ha reconocido que los Principios de Ruggie «pueden ayudar a que inversores estudien este tipo de cuestiones». También ha admitido la importancia de los derechos humanos para el tejido empresarial: «La capa básica de la economía de mercado es el cumplimiento de los derechos humanos, el sustrato necesario para desarrollar gran parte de los negocios». Ha dado cinco recomendaciones a la hora de definir un sistema eficiente de implantación: analizar los riesgos, establecer los compromisos, asignar responsabilidades, la formación y la corrección. «El problema de las políticas de derechos humanos de las compañías es que forman parte de una capa que no se conecta con los procedimientos de las operaciones, los procedimientos de la propia compañía, ha criticado». Blasco ha concluido la intervención diciendo que «se tiene que buscar la motivación para que las compañías apuesten por este tipo de políticas».
Numerosas intervenciones
La segunda parte del seminario ha sido una mesa redonda moderada por el sociólogoSalvador Giner que ha permitido escuchar de nuevo a estos ponentes, pero también otros expertos invitados. Así, Klaus M. Leisinger y Lucy Amis han coincidido a pedir a los medios de comunicación que no se centren tan sólo en las malas prácticas de las empresas y en el hecho de que ante realidades complejas no valen soluciones fáciles como puede ser que ante situaciones problemáticas las empresas abandonen los países (lo que no tan solo no soluciona el problema, sino que puede incluso empeorarlo).
A su vez, Àngel Pes (subdirector general de Responsabilidad Social Corporativa de «la Caixa») ha advertido que las responsabilidades de las empresas no tienen que hacer diluir la principal, que es la de los estados, «que tienen responsabilidades que no pueden subcontratarse ». Acto seguido, Juan de la Mota ha recordado la importancia de que las empresas colaboren con los gobiernos locales, mientras que Camil Ros(responsable de política sindical de la UGT de Cataluña) ha criticado la dificultad de seguimiento que supone la política de subcontrataciones y ha pedido instrumentos y acuerdos internacionales para vigilar mejor la actuación de las empresas transnacionales.
Por otra parte, Carolina Gala (profesora titular de Derecho laboral de la UAB y experta en RSC) ha apostado por contraprestaciones económicas para los ciudadanos de países en vías de desarrollo para que puedan dejar de trabajar y se dediquen a estudiar, ha criticado que en el Estado español no se compruebe si realmente son socialmente responsables las empresas a las que se otorgan subvenciones por este motivo y ha pedido poder trasladar los modelos de responsabilidad social a empresas medianas y no tan sólo a las grandes multinacionales.
Otras aportaciones han sido la de Daniel Arenas (jefe de investigación del Instituto por la Investigación Social de la Escuela de Negocios - ESADE), quien ha admitido que los estudiantes de las escuelas de negocios no están concienciados con respecto a la RSC y que creen que el impacto de los derechos humanos ya está en las normativas gubernamentales, o la de Jaume Saura, presidente del Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, que ha recordado que los acuerdos de los foros internacionales no parten de idealistas, sino de expertos y representantes de los estados. «Y, por lo tanto, los estados son los primeros responsables que tienen que hacerlas cumplir», ha dicho.
Otra intervención ha sido la de Maria Prandi (responsable del programa sobre Empresa y Derechos Humanos de la Escuela de Cultura de Paz de la UAB), quien ha pedido que se «desaprenda» algunos aspectos que se daban por aprendidos y ha celebrado que en los Principios de Ruggie «por primera vez se hable de forma seria de la reparación de las víctimas». A su vez, Mercedes Pizarro (directora de Estudios Económicos de Fomento del Trabajo) ha recordado que la responsabilidad empresarial tiene que ser voluntaria y que existe la corresponsabilidad de las administraciones y entidades públicas, mientras que Luigi Foffani (profesor de Derecho penal de la Universidad de Módena) ha admitido que en Europa hay una tendencia a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. «Lo que es más destacable es el aspecto preventivo de los delitos y la difusión de la cultura de la legalidad en las empresas europeas», ha resaltado.
En las reflexiones finales, Tomàs Jiménez Araya, coordinador ejecutivo del seminario, ha admitido la complejidad del problema, que todo se encuentran al inicio de un largo proceso, la importancia de un marco multilateral y de una concertación entre los actores públicos, privados y la sociedad civil. Las diferentes ponencias y aportaciones de este seminario tomarán forma a medio plazo con un libro que editará la UOC.
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