Sobre la Responsabilidad Social de las Administraciones Públicas y las tautologías

Conversando con personas con cargo del sector público nos continúa apareciendo la argumentación de la absurdidad de trabajar por la Responsabilidad Social de la Administración Pública. Vendría a ser una tautología, ya que ¿cómo se puede pedir una reflexión sobre el cumplimiento de la ley y su superación a una organización que vendría a ser la ley? Veamos, pues, un ejemplo fácil de comprender.

Las Administraciones Públicas sienten la necesidad de mejorar la legitimidad de las actuaciones que llevan a cabo (pero atención: ¡todavía no sienten la necesidad de mejorar la legitimidad de la propia institución!).

En muchos casos y en los últimos lustros han puesto en marcha mecanismos de participación ciudadana, entendidos como un conjunto de técnicas elaboradas, con sello universitario, para promover la participación de la ciudadanía y tomar el pulso ante ciertas actuaciones.

A primera vista bien podríamos entender que estas prácticas forman parte de la Responsabilidad Social ya que se basan en fomentar el diálogo con la ciudadanía. Pero para fundamentarse en principios del RSE (¡RSA en este caso!) haría falta mucho más. Tendríamos que hablar de fomentar el diálogo con el conjunto de los stakeholders y no de manera limitada; tendrían que servir para identificar las cuestiones relevantes (o materialidad); tendrían que fundamentar el comportamiento corporativo (no solos las actuaciones); se tendría que desprender una rendición de cuentas (transparencia, accountability) ...

Pero a menudo estas experiencias se limitan a fórmulas asépticas genéricas o bien con carácter muy reactivo a un problema y con un interés muy nítido para convencer y no dejarse convencer; parten de unas selecciones de invitados que excluyen otros y con eso se legitiman resultados; no afectan nunca a aspectos éticos o de comportamiento corporativo; no generan un enlace de continuidad a partir del seguimiento, evaluación, monitorización, verificación, transparencia ...

Consecuencia: no sólo la eficacia se ha visto bastante limitada sino que se genera una mayor falta de credibilidad en la institución.

Cuando hay temas importantes y con colectivos contrarios a planteamientos institucionales (por ejemplo: trazado del TGV por Barcelona) estas técnicas desaparecen de escena y la transparencia se convierte en invisibilidad. Cuando hay administraciones que plantean consultar sobradamente su población sobre temas importantes aunque sea con resultado no vinculante (por ejemplo: propuesta reciente Lehendakari) los conceptos de nuevos modelos de gobernanza y progreso democrático se desvanecen de la escena. Cuando ahora mismo hay debates en foros de internet sobre los sueldos de los políticos (¡y creo que también se llegan a decir cosas injustas!) nadie tiene capacidad de coger el tema y ponerlo encima de la mesa, quizás esperando que el paso del tiempo lo lleve a olvido.

Hoy, la Responsabilidad Social aplicada al Sector Público quiere decir entre otros saber escuchar aquello que los stakeholders (colectivos ciudadanos, empresarios, los mismos trabajadores públicos...) sienten; estar atento a lo que se dice en las conversaciones del siglo XXI (¡que se producen en foros de internet!); saber reaccionar inmediatamente (no hace falta la contundencia de una propuesta: ¡hay bastante con apertura al diálogo!); saber plantear las medidas participativas que correspondan y con el coraje político que corresponde (si las Administraciones solamente se tienen que administrar podríamos tener gerentes!).

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