26.5.13

Cambiando las palabras, para bien o para mal

  • La innovación léxica y las sustituciones son bienvenidas cuando pretenden aportar un valor social. Pero hay rechazarlas cuando pretenden destruir.
El fomento y el desarrollo de la responsabilidad social está sometido a un péndulo donde las apariencias y el lenguaje son determinantes. Para encontrar el punto central, el espacio de lo posible y razonable, a menudo focalizamos un espacio más allá que nos permite progresar e ir encontrando el equilibrio.

Este punto más allá puede ser la visualización que uno mismo hace para captar la tendencia ideal. Es la zanahoria inalcanzable pero que marca el camino, y puede ser interesante si, lejos de generar desencanto, aporta visión y creatividad. Pero a menudo se trata del dibujo idealizado hecho desde fuera, desde los grupos de interés.

Algún grupo de interés puede dibujar este estadio ideal con ilusión sincera pero ilusa, dibujando un horizonte inalcanzable y desincentivador. Otras veces, la lejanía del horizonte puede tener intencionalidad, para negociar y encontrar el punto de equilibrio. Pide más para acabar obteniendo lo aceptable. O simplemente porque es lo que se espera de ti. Por ejemplo, cuando se debatía sobre la voluntariedad de la RSE, una parte del sector social defendía la obligatoriedad. Una cosa era obligar a hacer memorias de sostenibilidad, por ejemplo, pero que la RSE sea obligatoria era una contradicción in terminis, ya que entonces ya dejaría de ser RSE y pasaría a ser marco legal. Preguntados sobre esta contradicción me habían llegado a decir que "de acuerdo, pero es el papel que nos toca hacer a nosotros".

En el lenguaje también nos pasa. Por ejemplo, la manera de referirse a las personas con discapacidad ha venido precedida de una larga evolución: subnormales (para los psíquicos), inválidos, minusválidos, discapacitados, personas con discapacidad. Y actualmente alguien habla de personas con capacidades diferentes. [Artículo relacionado: 27/08/12 "La roja coja cojea"]

Para poner otro ejemplo, no vinculado a colectivos sino a técnicas de gestión aplicadas al diagnóstico organizativo o de cualidades personales, lo que antes llamábamos defectos después lo denominamos carencias y puntos débiles, y ahora hay quien prefiere hablar de áreas de mejora. Pero no todo es tan sencillo. Si en un DAFO nos sale que una persona tiene como punto débil o carencia el dominio del inglés, esto no necesariamente significa que constituya una área de mejora, sino que quizá quiere decir que se le ha de ubicar en una área donde no le haga falta. Quiero decir que la sustitución de ciertas palabras que nos sirven para describir cosas puede llegar a un punto demasiado lejos, puede llegar a una ultracorrección, que nos haga incluso desvirtuar el sentido de la propia técnica.

En este último caso, entiendo que a veces puede ser útil construir un discurso según el cual calificar aspectos de una persona como débiles tiene una carga negativa. Pero de ahí no podemos pasar a hacer desaparecer los puntos débiles. Es mejor aceptar la realidad de que no construir entornos de algodón.

Igualmente respecto al ejemplo anterior: me parece interesante hablar de personas con capacidades diferentes, pero quiero entender que cuando lo hacemos es en base a un discurso que pretende desvelar, hacer reflexionar. No pretendemos cambiar la denominación genérica, que creo que ya es correcto con personas con discapacidad, e incluso sin negar que los diccionarios también recojan discapacitado con función sustantiva aplicado a una persona.

Estas mismas reflexiones podríamos llevar al terreno del lenguaje de género donde, por reacción a la presencia de muchos machismos y en aras de una sana aspiración a la igualdad, se han desarrollado algunas propuestas poco justificadas y nada funcionales.

Jugar con las palabras es normal. De hecho, se dice que quien domina el lenguaje ¡tiene una parte de la partida ganada! Pero en el terreno que nos ocupa  -el vinculado a la ética, la sostenibilidad y la RSE, tan dado a cambiar palabras- necesitamos saber cuál es la pretensión: si detrás de la innovación léxica hay una voluntad de sustitución, o bien se trata meramente de un recurso discursivo. O incluso si hay una voluntad de desmarcarse y disponer de palabras con marca de origen que remarcan la diferencia de quien emite el discurso.

Por ejemplo, aceptamos que la denominación responsabilidad social corporativa (RSC) es la académicamente más correcta y genérica. Y junto a esta afirmación preferimos, de cara al fomento, usar Responsabilidad Social de las Empresas (RSE), e incluso con toda la declinación: de las Administraciones (RSA), de las Organizaciones (RSO), de las Universidades (RSU), o los Individuos (RSI). No se trata de una voluntad de sustituir sino de hacer posible una comunicación que personalice identificando los agentes, a menudo no implícitos, que deben integrar este enfoque de gestión.

Hemos ejemplificado con casos en los que, en cualquier caso, la intencionalidad es positiva y no pretenden causar un daño a lo que se denomina. No podemos dejar de mencionar que en algunos casos, la sustitución de las palabras puede tener una carga directamente agresiva. Estos días estamos viviendo varios, pero lo más interesante de comentar aquí por su profunda relación con la RSE es la redenominación de una lengua.

El gobierno aragonés, con el beneplácito del gobierno español, pretende que la lengua catalana que históricamente se habla en la franja oriental de Aragón pase a denominarse Lengua Aragonesa Propia del Área Oriental (lapa). Es una manera bastante ridícula de proclamar, en contra de la evidencia (¡además de la ciencia!) que en Aragón no se habla catalán.

Esta es una materia fundamental en la gestión de la responsabilidad social en el contexto español, ya sea de empresas o administraciones, ya que está en el centro de muchas tensiones de gobernanza y afecta a convenciones internacionales y a un sentido lógico de protección de derechos colectivos y del patrimonio intangible. A pesar de los convenios internacionales firmados por el Estado español, a pesar de los criterios de los organismos de Naciones Unidas, y pese a las iniciativas de gestión de la diversidad que algunas empresas incorporan, este es un aspecto vetado en la RS hecha en buena parte de España.

Ninguna de las empresas y organizaciones empresariales que se quejan de ciertas fragmentaciones del mercado español (con intereses más políticos que de mercado) aparecerán ahora lamentando esta fragmentación del mercado que se supone que sería una dificultad al etiquetado y a la atención al público. ¿Deberán pedir a su personal en la zona que ahora desaprendan el catalán y aprendan el LAPAO? ¿Deberán pedir que los productores de Lleida (a 20 km) dejen de distribuir productos etiquetados en catalán e incorporen el LAPAO?

El lenguaje y las lenguas nos sirven para comunicarnos y entendernos. Podemos usarlas en sentido creativo y la sociedad validará o no las propuestas. La innovación léxica y las sustituciones son bienvenidas cuando pretenden aportar un valor social. Pero hay rechazarlas cuando pretenden destruir. Y es función de la sociedad evitar la extralimitación -en este caso de la clase política- y aportar sentido común. Pero es más: si las empresas se reclaman empresas ciudadanas, concepto que implica, en el marco de la gestión de la RSE, que una empresa adquiere carta de ciudadanía ante la sociedad, no sólo ante el mercado, la consecuencia razonable es que colaboren con los intereses éticos de la sociedad civil, favoreciendo la gobernanza. Porque un gobierno sólo puede tener esta falta de sentido común contra la evidencia y contra la ciencia bajo el silencio cómplice del mundo empresarial.

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