12.10.17

Las empresas entre el riesgo de boicot y los valores éticos

Estamos viviendo unas semanas complicadas para la coherencia de las empresas que hablan de Responsabilidad Social Corporativa. Muy complicadas. Sin duda, el ejercicio de la RSE requiere un equilibrio entre los diferentes intereses, pero no se trata meramente de un equilibrio a partir de la fuerza de cada stakeholder sino que hay que encontrar como articular los diferentes intereses a partir de los valores propios de la responsabilidad social: la ética y la sostenibilidad, aplicados, además, bajo principios de transparencia, diálogo y honestidad.

Si nos presentaran un caso de análisis correspondiente a un país lejano, nos aportaran unos datos sobre unos hechos y nos pidieran cuál debería ser el comportamiento de las empresas dotadas de un compromiso ético, seguramente nos podríamos poner de acuerdo con una cierta facilidad. De hecho, hay empresas que a lo largo de su expanció global de los últimos lustros han tenido que encontrar las maneras de moverse en países donde el estado de derecho es débil, donde los convenios internacionales firmados interpretan restrictivamente, donde el poder ejecutivo, legislativo y judicial tienen fronteras difusas, y donde hay movimientos sociales que son reprimidos por exigir más democracia, más justicia, más libertad. El problema es cuando estos hechos suceden en tu casa, en plena Unión Europea y en pleno siglo XXI.

Los hechos del 1 de octubre dejan el Estado español en una situación precaria respecto a los derechos humanos, por no hablar del contexto represivo más amplio en todo el proceso soberanista. Miles de policías nacionales y guardias civiles voluntarios han venido de toda España con una evidente voluntad tanto política, como social como personal de desplegar violencia. Los gritos de a por ellos oé oé ponen la coreografía a un espíritu bastante evidente. Las imágenes y las consecuencias no dejan lugar a ningún otro argumento. La falta de disculpas y de sensibilidad hacia los heridos enaltecen el orgullo de quien cree que ha hecho lo que la patria le pedía.

Parecería que manifestar el rechazo a las formas violentas debería ser un hecho de normalidad y de exigencia moral para cualquier empresa, como agente presente en una sociedad, y más para aquellas que están manifiestamente comprometidas con los valores de responsabilidad social. Desgraciadamente no ha sido así en muchos casos, especialmente en el de muchas empresas significativas. Conviene reflexionar sobre cuáles han sido las razones; no podemos dejarlo pasar de largo, ya que supone una ruptura de la confianza y las expectativas que podíamos tener en algunas empresas comprometidas.
  1. El Estado español, a pesar de que ha perdido reputación internacional por la gravedad de los hechos, es un estado muy poderoso. Y como un animal que se sabe herido, actúa con contundencia y agresividad, también hacia las empresas. Para aquellas empresas que dependen del Estado, porque son sectores regulados o porque viven de los presupuestos públicos, cualquier alejamiento de los intereses políticos del Estado sería visto como una agresión grave que merecería respuesta contundente. Ya hemos visto cómo el Gobierno ha emitido un decreto urgente para facilitar el cambio de sede empresarial y ha efectuado presión alta presión para algunas se acojan. El chantaje del Estado es evidente y no se podía esperar otra cosa, al margen de que en muchos casos ya ha coincidido con los intereses mismos de las propias corporaciones. La reflexión serena de cara al futuro es si oligopolios tan enormes y con competencia tan limitada dejan espacio para una buena gobernanza.
  2. Las organizaciones empresariales españolas dependen en gran medida de los presupuestos públicos, de las grandes corporaciones indicadas arriba y en algunos casos de las regulaciones públicas, lo que los convierte en un instrumento más al servicio de los intereses del Estado. Aparte, la orientación empresarial que tienen no concuerda mucho con los valores de la RSE y creen que deben anteponer el interés empresarial inmediato a cualquier valor social, sea relacionado con el medio ambiente, con la justicia social o con la diversidad. El hecho de que estén controlados por personas que tienen capacidad para imponer sus criterios políticos personales, o directamente que algunos hayan sido nombrados precisamente en virtud de esta ideología política acaba de cerrar el círculo. Difícilmente una empresa puede pedir que no haya formas violentas cuando los medios españoles no muestran que se ha producido violencia por parte de la policía.
  3. El riesgo de boicot por parte de la ciudadanía española y, en menor medida, los empresas, también está funcionando como chantaje. La sociedad española en general está viviendo el tema catalán como la extirpación de un órgano del propio cuerpo, fruto de un pensamiento único que se ha generado con unos medios de comunicación que, en grados diferentes pero todos con la misma intencionalidad, manipulan gravemente las informaciones que afectan a Cataluña. Este contexto social hace que una empresa que opere en España no se atreva a hacer ninguna afirmación ni contra la violencia ni en defensa de los derechos humanos, que puede ser rápidamente tergiversada por los medios y converida en un boicot.
  4. La tensión interna dentro de los propios equipos, cuando se trata de empresas implantadas en toda España, es también un factor importante para todas y quizás es el hecho más relevante para aquellas empresas que no son están muy expuestas a boicots. Hace tiempo, algunas empresas catalanas con comerciales en diferentes comunidades autónomas no tenían problema incluso para darles cursos de catalán, mientras que ya hace unos años que ni se les ocurre ofrecerlos porque las cosas se fueron tensando en los últimos veinte años coincidiendo con el desacomplejamiento del nacionalismo español desplegado por Aznar. En foros internos, los aspectos políticos y el conflicto Cataluña-España se deben evitar porque son fuente de mal rollo entre compañeros, con la posibilidad de desvinculación emocional de la empresa.
Al margen de lo que pueda pensar una empresa, su dirección, su accionariado o su equipo, todas las empresas susceptibles de boicots o de medidas punitivas por parte de los poderes públicos españoles han optado por no efectuar ninguna declaración pública, ni de mínimos. Ciertamente supone una incoherencia con los valores que decían defender. Pero también hay que comprender que el riesgo en estos momentos es relevante, como parece que las entidades financieras han notado. Quiero ser comprensivo con las que encontrarían razonable y necesario mostrar algún sentimiento corporativo, aunque sea lamentar los heridos, y que han tenido que considerar que ahora mismo no pueden correr ese riesgo. Con más tristeza observo las que defienden que no deben decir nada porque consideran que la responsabilidad es de los soberanistas y de la gente que fue a votar en un referéndum ilegal, y que todavía pueden defender que la policía española tuvo que reaccionar a provocaciones. Un dircom o un dirse no se deberían informar sólo con la prensa de la capital del Reino.

Más allá de los hechos del 1-O, el problema permanece en el antes y el después. Antes porque estas empresas comprometidas con la RSE no hicieron nada para mejorar la convivencia respecto a la diversidad cultural, lingüística y nacional propia del estado español. Dado su compromiso con la sociedad, aquí han mostrado una dejadez y han ofrecido por inacción un aval a las políticas crecientemente agresivas por parte del gobierno español. ¿Alguna empresa se preguntó cómo debía concretar desde el punto de vista de su compromiso la diferencia entre regiones y nacionalidades que expresa la Constitución? ¿Alguna se quejó ante las fuerzas unionistas sobre la ruptura de la unidad de mercado que suponía que una lengua, la catalana, fuera considerada como almenos tres, y aún cuatro con el Lapao?

Y después porque el problema subsistirà en el tiempo. Aunque se haga efectiva la secesión pero aún más si la creación efectiva de la República catalana se difiere en el tiempo, los próximos meses serán complejos. Niño Becerra y Oriol Amat vaticinaron que durante el 2018, e incluso en el primer trimestre, ya podría estar todo ordenado. Pero garantizar la normalidad en el funcionamiento de la actividad empresarial y los servicios públicos no presupone que las tensiones se relajen. Las empresas no podrán esconder la cabeza bajo el ala permanentemente como tampoco podrán mantener las buenas relaciones a ambos lados, por lo que tendrán que optar por gestionar el momento complejo a partir de unos valores sólidos, humanísticos, éticos y responsables. En este sentido, puede ser interesante tener en cuenta lo que tanto desde el Consejo de Europa como desde Human Rights Watch se ha dicho hoy mismo, a parte de los editoriales de todo el mundo occidental que abogan por el diálogo y encontrar la manera de llevar a cabo un referéndum pactado.
  • La Asamblea del Consejo de Europa ha condenado hoy la violencia policial española del referéndum del primero de octubre y ha hecho un llamamiento al diálogo para encontrar una solución política a la crisis entre Cataluña y España. Además, ha pedido la implicación de la comunidad internacional para buscar una salida. Sólo los representantes de Azerbaiyán, Turquía y Serbia han mostrado su apoyo firme al argumento de la integridad territorial esgrimido por España. El suizo Manuel Tornare reivindicaron que 'la única salida es una hoja de ruta que conduzca a la mediación'; el británico Roger Gale ha citado el ejemplo de Escocia afirmando que un referéndum como el que se pactó en el Reino Unido es también posible en España. La suiza Elisabeth Schneider-Schneiter ha puesto el sistema federal de su país como modelo y dijo que Suiza está a disposición de la mediación.
  • La prestigiosa ONG Human Rights Watch afirma que la policía española y la Guardia Civil hicieron un uso excesivo de la fuerza , según una investigación independiente e internacional sobre los hechos del primero de octubre en Cataluña. Los ataques de las policías españolas dejaron más de un millar de heridos. El informe de la ONG se basa en el análisis de vídeos y fotografías del 1-O, la versión de varios testigos y víctimas de la violencia policial y pruebas médicas. La policía podía tener la ley a su lado, pero eso no le daba derecho a emplear la violencia contra manifestantes pacíficos ', sostiene el investigador Kartik Raj. 'En estos momentos divisionarios, es especialmente importante que las autoridades respeten los derechos humanos, incluida la libertad de expresión y asamblea, y el estado de derecho', añade el documento. 
  • Human Rights Watch recuerda que España es miembro de la Convención Europea de los Derechos Humanos y de la Convención Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, por lo que debe respetar los derechos de reunión y libertad de expresión. Además, no puede hacer un uso excesivo de la fuerza a pesar de que algunos ciudadanos actúen 'de manera ilegal' porque no les puede privar de sus derechos. Y aunque reprocha que los cuerpos policiales tienen un código ético para evitar el uso excesivo de la fuerza.
  • El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, pidió que haya una investigación independiente e imparcial sobre 'todos los actos de violencia' que hubo ayer en Cataluña contra los votantes del referéndum. Lo dijo en un comunicado en el que ha añadido que la respuesta policial siempre debe ser proporcionada y que el conflicto 'se resolverá mediante el diálogo político, con total respeto a las libertades democráticas'.
  • La OSCE pide al gobierno español que asegure el respeto a los derechos fundamentales de reunión y de expresión. Ingibjörg Sólrún Gísladóttir ha dicho que "las autoridades españolas deben asegurar que la policía utiliza la fuerza sólo en caso de necesidad y en estricta adherencia al principio de proporcionalidad", al tiempo que ha recordado que todos los estados que forman parte de la OSCE se han comprometido a asegurar que las medidas tomadas por las autoridades policiales en el cumplimiento de sus funciones respetan los derechos fundamentales de libertad de asamblea y de expresión pacífica. 'Esto también significa facilitar las reuniones pacíficas y confiar en el diálogo para reducir las tensiones'.
En síntesis, puedo comprender la actitud de ciertas empresas que dependen del mercado español de no condenar la violencia y no defender públicamente los derechos humanos durante estos días de máxima tensión en el que la prensa española ha hecho uso de toda declaración de empresas con sede en Cataluña tergiversándolas gravemente. Pero del comité de crisis y la gestión de riesgos hay que pasar a hacer un análisis del momento desde las áreas de responsabilidad social que ponga el foco en los valores democráticos y éticos saliendo de la inmediatez del momento. En este sentido, hacer un abordaje del conflicto desde la dimensión interna sería un paso muy potente, ya que pase lo que pase, conservar los equipos, y respetar la diversidad interna, es un aspecto estratégico, además de que forma parte del buen clima interno, de una correcta alineación y vinculación de las personas, y de construcción de una empresa saludable internamente y responsable con la sociedad. ¿Se pueden permitir las empresas comprometidas con la RSE no actuar de ninguna manera y sólo preocuparse de evitar los riesgos de cualquier posicionamiento mientras que organismos internacionales denuncien la violencia y piden respeto a los derechos humanos?

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