26.8.13

Fuerzas armadas y Responsabilidad Social: un intento fallido

  • Hace tres años el Ministerio de Defensa español publicó un par de memorias de Responsabilidad Social. Luego no se supo nada más. 
  • ¿Eran unos buenos documentos? ¿Tenía sentido? ¿Daban respuesta?
El Ministerio de Defensa publicó por primera vez una memoria de responsabilidad social corporativa (RSC), correspondiente al ejercicio 2009 y también para 2010, concretando una voluntad creciente por parte del sector público de no quedar absolutamente al margen de una práctica de transparencia que algunas empresas hace tiempo que han puesto en marcha.
Empezar a hacer memorias es positivo. Se dice que para algunas empresas las memorias de RSC pueden ser un ejercicio de marketing para mostrar la cara más amable a la vez que ocultan las malas prácticas. Ante estas críticas, que a veces son altamente merecidas, siempre hemos defendido que consideramos positivo que una organización comience a informar y a gestionar la RSC, y que ello generará un proceso de mejora, con todas las limitaciones que se quiera, pero que irá permitiendo al menos dos cosas: a) que la empresa vaya dándose cuenta de la vinculación entre la RSC y los resultados en forma de buen rendimiento empresarial o creación de confianza, y b) que los grupos de interés puedan tener los datos mostrados como elemento para dialogar y para tomar decisiones.
Esta consideración anterior encuentra a menudo en el sector público otra limitación, consistente en el hecho de que la memoria no surge de una voluntad corporativa, es decir de la organización, sino política, es decir de los cargos públicos que actúan en nombre de un interés extracorporativo, que responde a un interés partidista, e incluso con factores de carácter personal nada desdeñables.
A partir de estas consideraciones, pues, haremos una serie de reflexiones en torno a la citada memoria.
Los contenidos. Las memorias de RSC, siempre en el marco de un ejercicio de transparencia, no deben ser una memoria de la actividad realizada ni tampoco una relación de los datos vinculados a unos indicadores estándar. Aunque incluyan esa parte más técnica o más comunicativa, las memorias se deben a la voluntad de dar respuesta a las inquietudes de los grupos de interés.

En la Memoria se recopilan las principales actividades llevadas a cabo por el Ministerio de Defensa y sus Fuerzas Armadas tanto en el contexto nacional como en la actividad internacional en la que se ha participado en el ejercicio objeto de reporte, 2010. Esta memoria recoge la información relevante y refleja el desarrollo de las actividades del Ministerio durante el período que va desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2010.

En este sentido, quizá es muy interesante saber cuántos días las fuerzas operativas han estado en la base y varios días fuera de ella... Ciertamente puede haber grupos de interés interesados ​​en estos datos. Pero intuyo que para la sociedad podría ser más interesante tener acceso a otras informaciones. Por ejemplo:
a) ¿Se cumplen las leyes? ¿Cuáles no?
Para cualquier empresa que quiera gestionar la RSE es absolutamente relevante conocer en qué grado está por encima de la exigencia normativa... ¡o por debajo! Si se trata de un organismo público es aún más importante esta información, ya que los poderes públicos son los encargados de velar por el cumplimiento de la ley y deberían mostrar un cumplimiento ejemplar.
Un ejemplo respecto a la LISMI. En la memoria se dice que pedirán el cumplimiento de esta ley a los proveedores pero en ninguna parte se dice si el Ministerio la cumple o no, cuando es conocido que el incumplimiento de esta ley es más elevado en el mismo sector público que en el privado :
Compromiso con la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) y la cuota del 2% en el cual se establece que el Ministerio no contratará a empresas que no cumplan la reserva de empleo para personas con discapacidad, siendo el primer Ministerio en comprometerse con esta causa

Por cierto, "comprometerse con esta causa", manera curiosa de decir que pedirán a los proveedores que cumplan la ley.
b) Equilibrio
Lo que hace que una memoria sea creíble es el equilibrio, es decir, que no sólo se muestren las buenas prácticas sino que también se muestren otros aspectos en los que el desempeño no se encuentra al nivel de las expectativas.   
Me parece que solo aparece una autocrítica pero ninguna referencia a los aspectos que podrían ser nucleares: 
Sin embargo, la accesibilidad de los edificios para personas con discapacidad y para mayores es, en general, deficiente: existen 31 DSO donde, al menos, uno de cada cinco usuarios opina todavía que la accesibilidad es regular o pésima.
d) El gasto militar
El gasto militar siempre ha supuesto para una parte de la población un elemento de incomprensión, tanto en términos absolutos como relativos. Desde 2007, con el contexto de grave crisis económica que está golpeando de manera muy contundente la ciudadanía del estado español, y los recortes que todas las administraciones están haciendo, la necesidad de justificar estos presupuestos es aún mayor. De hecho, dada la gravedad social de los impactos de los recortes de los presupuestos públicos, sería esperable que las partidas militares tuvieran una reducción sustancialmente mayor que las de carácter social.
Juego sucio. La memoria del Ministerio aporta datos sin reflexionar en profundidad sobre esta circunstancia y, además, presenta de manera engañosa la realidad, ya que los gráficos muestran datos contextualmente falsos (sólo presupuestarios, que no tienen ningún valor, y no de ejecución). Hemos dicho contextualmente falsos porque mostrar en una memoria de ejecución como dato relevante una voluntad previa y no cumplida no tiene ningún sentido y no puede ser entendida de otra manera que como una voluntad de ocultación de la realidad, y de alterar la percepción por parte de los grupos de interés.
Se imaginan que alguien presentara la declaración del IRPF unos datos sobre cuál era su voluntad, y en un documento adjunto una explicación en letra pequeña diciendo que finalmente ha ingresado más de lo previsto. Claramente una alteración de la realidad fruto de una voluntad fraudulenta, ya sea para pagar menos impuestos o para tener más gasto militar que la social y políticamente aceptable.
Es necesario realizar una serie de consideraciones sobre el conjunto de recursos y fuentes financieras que atienden la ejecución de las actividades del Ministerio [bla, bla, bla] En definitiva, entre recursos presupuestarios y adicionales, se han consignado mas de 10.100 millones de euros durante el ejercicio 2010.
Total que respecto al presupuestado se ha hecho una ejecución superior en un 32%, ¡una tercera parte de desviación presupuestaria!
e) La deuda

El ministerio de Defensa tiene un agujero de 27.365 millones de euros, que debe pagar antes del 2025, como consecuencia de los pedidos de armamento heredadas básicamente de los gobiernos de José María Aznar, entre 1996 y 2004. La cantidad equivale a 2,7 puntos del PIB, casi el triple del tijeretazo que las comunidades tendrán que hacer en gasto social. En 2010, el entonces secretario de estado de Defensa, Constantino Méndez, admitió en el Congreso: "No deberíamos haber adquirido sistemas que no utilizaremos para escenarios de confrontación que no existen, y aún más grave, con un dinero que no teníamos ni en el momento en que ustedes [el PP] gobernaban y tuvieron que tomar decisiones, ni tenemos ahora". Sin embargo, en lugar de ahorrar para recortar esta deuda, se iban haciendo nuevas contrataciones como la de un nuevo programa de buques que costaron 740 millones en julio del 2011, a cuatro meses de unas elecciones españolas avanzadas para la crisis.

La memoria de RSC no menciona estos datos tan relevantes. Ni tampoco algunas de sus consecuencias: una de las pocas salidas que tiene el gobierno español es intentar colocar el material bélico a otros países, y algunas ONGs como Amnistía Internacional denunciaron la venta de armas de España a Bahréin, Arabia Saudí y Egipto mientras tenía lugar la Primavera Árabe, así como a otros países donde el respeto a los derechos humanos es dudoso.

¿De qué sirve una memoria si no aborda los temas espinosos, los que tienen "materialidad" o relevancia y se limita a fotos seleccionadas, datos positivos, trato cosmético? Sin abordar los temas importantes, la memoria se convierte en un panfleto de marketing, y no logra el objetivo de crear confianza, abrirse al diálogo, facilitar la mejora de su rendimiento, al tiempo que establece malos precedentes para la rendición de cuentas del sector público que generan desconfianza sobre los usos impropios de la RSC.

f) Partir del diálogo con los grupos de interés
Y es que la RSC implica una metodología, unos principios. El Ministerio podría haber optado meramente por una memoria del impacto ambiental, poniendo en valor los compromisos respecto al medio ambiente, en la que complementariamente podrían haber añadido algún detalle sobre sus actuaciones de carácter humanitario. Pero optaron por situar su informe en el contexto de la RSC, lo que requeriría que dieran cuenta de otras materias más controvertidas.
Para los neófitos, déjenme decir que en una memoria de RS no hay que explicarlo todo, pero sí lo que se considera más relevante por los impactos que genera y por la consideración de sus grupos de interés. 
Y he aquí uno de los grandes problemas que presenta la memoria: la débil identificación de los grupos de interés, lo que imposibilita poder establecer un diálogo o un proceso de comprensión de cuáles son sus inquietudes.
El Ministerio sólo considera como grupo de interés las empresas proveedoras, la propia administración y una sociedad expresada en términos genéricos :
NOTA 3: La base de identificación de los grupos de interés viene determinada por la propia naturaleza del Ministerio como servicio publico. El Ministerio tiene como principal grupo de interés a la sociedad española tal y como dice la Constitución Española. Además sus grupos de interés son el entramado de organismos, departamentos y administraciones públicas con los que colabora, así como empresas del sector industrial nacional e internacional en seguridad y defensa del que depende el desarrollo del material para cumplir sus objetivos. Y a nivel internacional los organismos internacionales de seguridad y defensa.

Es decir el enfoque, la forma de conocer a los grupos de interés se realiza mediante la identificación de a quien esta sirviendo el Ministerio su servicio publico y de cuales son sus compromisos internacionales según las alianzas establecidas, quien son sus proveedores de materiales y a quien esta rindiendo cuentas. El estudio de materialidad realizado en 2010 y las comunicaciones que recibe el Ministerio desde todas las vías de comunicación habilitadas sirven para identificar las inquietudes de los grupos de interés y para el mantenimiento de su comunicación.
Es decir que la sociedad civil que se expresa y vertebra por medio de organizaciones no gubernamentales y que tradicionalmente ha expresado sus puntos de vista sobre el gasto armamentístico, los valores militaristas, y las consecuencias de las actividades desarrolladas, incluida la venta de armamento a otros países, no tiene ningún tipo de consideración en esta memoria ni, por extensión, en el modelo de presunta gestión de la responsabilidad social del Ministerio de Defensa.

De hecho, el detalle exacto de los grupos de interés da una idea más precisa de qué entienden por RSC, que es más una responsabilidad ante los "cómplices" en la misión que no una responsabilidad ante la sociedad:  
Los grupos de interés del Ministerio de Defensa: La sociedad española, S.M. el Rey; el Presidente del Gobierno de España; la Ministra de Defensa y Altos Cargos del Ministerio; la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados; los grupos políticos representantes de la sociedad en las Cámaras; el personal civil y militar; las familias de los militares; las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; el Sistema Nacional de Protección Civil; otros departamentos ministeriales y Administraciones Públicas; organismos internacionales de seguridad y defensa; las comunidades en las que las Fuerzas Armadas están presentes; las empresas del sector defensa y seguridad; la universidad y los medios de comunicación.
Ya ven, el rey, el presidente, la ministra, las familias de los militares... La sociedad no tiene cabida. Y quizás por error mencionan "las comunidades en las que las Fuerzas Armadas están presentes", pero luego no se tiene en cuenta para nada, como no sea en relación con la protección de alguna especie protegida.
Y es curioso porque arguyen esta categoría tan vaga de la sociedad basándose en la Constitución Española, pero mirando los ojos hacia otro lado cuando esta misma CE habla de los diferentes pueblos de España y afirma que ésta está integrada por nacionalidades y regiones. Entonces, ¿los puntos de vista diversos procedentes de las naciones que integran el estado español (y que precisamente en la CE se describieron con el término nacionalidades por la presión de los estamentos militares) no deben sugerir ningún matiz a la hora de categorizar los grupos de interés?

Técnicamente, en la memoria se define como se da cumplimiento al "Principio de materialidad", según el cual los contenidos que se tratan deberían responder a los intereses identificados en el estudio de materialidad llevado a cabo. Pues bien, el estudio de materialidad se ha realizado sobre las preguntas parlamentarias que se han recibido en el Departamento de Defensa durante el ejercicio 2010 y que se entiende representan inquietudes de los ciudadanos ejercidas a través de los representantes parlamentarios de los diferentes grupos políticos. De esta manera el Ministerio entiende que todos los asuntos que le resultan materiales, sus características, su misión y sus actividades han sido reportados en la Memoria de Responsabilidad Social 2010 .
Triste manera de entender la materialidad y la gestión de la responsabilidad social para un organismo público. De hecho, la RSA o RS de la Administración Pública podría ser un gran revulsivo en la mejora de la capacidad de los organismos públicos de ponerse al servicio de la ciudadanía y de los retos de sostenibilidad en su sentido más amplio. Para muchos organismos públicos el "juego político" en el sentido de las disputas entre partidos los ha hecho caer en un modelo cerrado en sí mismo, alejado de las inquietudes de la sociedad. Y la apertura a los diferentes grupos de interés y a tomar en consideración los retos de sostenibilidad económica, social, ambiental, laboral y de buen gobierno podría convertirse en el resorte que facilitara superar este estadio endogámico y autodestructivo, y optar por el modelo de creación de valor compartido que pregona la RSC y del que curiosamente y anómalamente es a los organismos público a quien más les cuesta incorporar.
La oportunidad que la gestión de la RS nos abre, podría ser aprovechada por las Fuerzas Armadas para identificar cuáles son las materias relevantes, que no son solamente ambientales o de acciones exteriores humanitarias, sino de democracia y gobernabilidad. Para los mandos debe ser una oportunidad para trabajar en el reforzamiento de una cultura verdaderamente democrática y para ser capaces de comprender mejor qué espera la sociedad, para estar verdaderamente a su servicio.
g) Cultura y Lengua
Por ejemplo, si tanto se remiten a la CE, una de las seis voluntades de su preámbulo está redactada en los siguientes términos: Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.
Mi intuición me dice que lo que hace el ejército español no está nada alineado con esta voluntad superior de la CE. Ya sabemos que las fuerzas armadas españolas provienen sin ninguna rotura de la dictadura militar y que la cultura corporativa es difícil de cambiar... pero no sería conveniente que en una memoria donde se quiere mostrar el sentido de responsabilidad hacia la sociedad explicara cómo se están tratando de cambiar los valores corporativos para adecuarlos al espíritu de la CE, vigente desde hace treinta y cinco años?
Su relación con la lengua catalana, propia en territorios habitados por más de 12 millones de personas, no ha superado la etapa del desprecio, aunque actualmente expresado de manera pasiva.
 
En la memoria no hay ninguna referencia a elementos de diversidad lingüística, con un excepción de las que no pueden poner en riesgo la "Unidad de la Patria": Publicación por primera vez en versión braille del "Panorama Estratégico 2009 hasta 2010 .

La toponimia no sólo muestra desprecio sino que se usa topónimos fuera de la ley, como Rosas, Mahón o San Clemente de Sasebas.

De alguna manera supongo que aquí la ley no importa, prevalece la voluntad de demostrar que son territorios conquistados y sobre los cuales hay derecho castrense a modificar los nombres.

No consta si los "Recursos Educativos", que se han elaborado son, además de multimedia, multilingües. O las exposiciones fotográficas que han ido mostrando : "Misiones Internacionales" y "20 años de mujer en las FAS", y que fueron expuestas, entre otros lugares en Lérida (sic). O el Museo del Ejército, en versión web, inaugurada el 19 de julio de 2010 (¡el 18 era domingo!), que consta en castellano, inglés, francés, alemán, italiano y portugués. No busquen ninguna otra lengua "española" que no la encontrarán.
Y por supuesto no hay ninguna información de si los miembros del ejército destinados a territorios de lengua no castellana reciben formación lingüística. O sobre cómo gestionan la necesidad de obligar a sus interlocutores a cambiar de lengua, y cómo esta actitud  -que se mantiene permanentemente desde el siglo XVII- ha ido evolucionando en las formas de coacción y qué aprendizajes puede haber aportado sobre el respeto a la diversidad y la gestión de la misma. 
h) Transición nacional en Cataluña
Las circunstancias han querido que esta memoria viera luz en los momentos en que como nunca antes la secesión de Cataluña ha convertido en una posibilidad real. 
Hasta hace poco, el soberanismo correspondía a una expresión social y políticamente reducida, pero a partir del momento en que el soberanismo es configura como una opción muy amplia, transversal, articulada, hay preguntas pertinentes para hacer al mando político del Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Armadas. 
Habitualmente las preguntas a las Fuerzas Armadas se deberían cursar por medio de los diputados y diputadas, pero el hecho de que el Ministerio de Defensa se ​​avenga a gestionar su RSC tiene una consecuencia y es que las preguntas ya no quedan circunscritas a la sede parlamentaria sino que los diferentes grupos de interés pueden pedir públicamente razones alrededor de sus inquietudes. La ciudadanía, las ONGs, o los diferentes "pueblos de España" somos grupos de interés que tenemos derecho a expresar inquietudes y a esperar respuestas.
En tanto que organización sometida a la jerarquía pública, dirigimos la pregunta a la entonces ministra de Defensa, Sra. Carme Chacón:
Como ciudadanos del Estado español, atendiendo a que la secesión de Cataluña es objeto de debate y dispone de un alto y creciente porcentaje de partidarios, más allá del posicionamiento de cada uno, se tiene derecho a conocer cuál sería el comportamiento del mando en caso de que se iniciara por vías pacíficas y democráticas un proceso de secesión por parte de alguna de las naciones que hoy integran el estado, en el sentido de qué garantías se darían de respeto al proceso democrático y de contención de las posibles tendencias a la intervención militar por parte de sectores militares más ideológicos que profesionales.
Los ciudadanos súbditos de ese Estado, más allá del posicionamiento de cada uno y de su adscripción nacional, tienen derecho a ser conocedores de esta información, ya sea para conformar su posicionamiento, para modificar el ordenamiento legal, para fundamentar un debate social, o bien para establecer las actuaciones que sean necesarias dentro de la configuración de los cuerpos armados.
Complementariamente, hay que decir que
  1. En caso de que el estado español no ofrezca ninguna vía entre las muchas disponibles para iniciar el proceso para que el pueblo de Cataluña pueda decidir su futuro democráticamente, el proceso de secesión requerirá que puntualmente se rompa el marco legal para crear uno de nuevo, tal como se produjo en sentido inverso con el Decreto de Nueva Planta, suprimiendo las Constituciones Catalanas de manera ilegal (y entonces por la fuerza de las armas). Cuando la legalidad pierde legitimidad, la legitimidad debe dar lugar a una nueva legalidad: de lo contrario los EE.UU. todavía serían Inglaterra y quizás el Imperio Romano todavía existiría ...
  2. Mientras que en un momento determinado las fuerzas políticas pueden hacer un giro en su posicionamiento y pasar de un estado de alta tensión en un escenario de negociación, para las fuerzas armadas, y especialmente para los sectores militares más ideológicos que profesionales, un cambio de postura puede ser muy difícil de hacer con agilidad, ya que pueden tambalearse presupuestos y valores muy arraigados en el discurso, e incluso en el propio sentido vital. El hecho de que no se haya estado trabajando a lo largo de estos lustros para reforzar una cultura plenamente democrática dentro de los mandos oficiales, hasta las últimas consecuencias, puede llevar a una coyuntura difícil de gobernar.
  3. La referencia que incluye la CE según la cual el ejército debe garantizar la unidad de España sólo se entiende fruto de un momento determinado y bajo la presión de los militares en unas circunstancias en que éstos no actuaron según el futuro de democracia sino según el poder que les venía del régimen anterior. La modificación de la CE es prácticamente imposible pero en cambio, ante una circunstancia tal, debería interpretarse en clave histórica, ética, democrática, y de contexto comunitario, interpretando que la unidad no se rompe por una agresión externa sino por una voluntad interna de dividir el estado en dos unidades que podrán ser más operativas y eficientes en sus objetivos.
  4. Hay una corriente militar partidaria de intervenir Cataluña, como detectó el teniente general Pedro Pitarch, militar retirado del ejército español, en mensajes que corren de ordenador en ordenador entre compañeros de armas. En un escrito (07/12/2012) titulado '¿Latente 23-F?' , advertía que en todos estos escritos aparecen muchas referencias al artículo 8 de la Constitución, que permitiría intervenir Cataluña, y no hay ninguno en el artículo 97, "que asigna al gobierno la dirección de la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado". "Más claro: se promueve el ir por libre", alerta. "Instigar, animar, aplaudir y / o fomentar, con un uniforme o con ropa civil, actitudes, actos o manifestaciones contrarios a las leyes no son comportamientos presentables. El siglo XXI, esto no es 'el militar", añade.
  5. A los países con democracias consolidadas, como Gran Bretaña, no les hace ningún pesar ceder a una comunidad integrante del estado el derecho a consultar su población sobre su futuro, por razones democráticas y porque saben que el S.XXI no se puede construir un futuro común por la vía de retener dentro de un estado una nación que no se encuentra cómoda.
Conclusiones

Hasta ahora, los intentos de gestionar la RSC desde el sector público se habían llevado a cabo sobre todo desde empresas públicas u organismos públicos pero más difícilmente desde las unidades de la propia administración pública. Por supuesto que podemos encontrar ayuntamientos en el mundo, o alguna consejería de la propia Generalitat de Catalunya, que han dado el paso, pero no es lo habitual. El hecho de que el gobierno español hubiera hecho el paso precisamente desde el Ministerio de Defensa es un gesto inusual y peculiar en la medida que seguramente es el departamento donde más difícil será de gestionar.  

De hecho, por las dificultades de gestionar la RSA y por las complejidad de rendir cuentas, sería recomendable que un ministerio como éste comenzara a gestionar la RSC durante algunos ejercicios antes de dar el paso a hacer una memoria. ¡Pienso que incluso sería más creíble para todos los grupos de interés, externos y también internos!

Parece evidente que este ejercicio de rendición de cuentas respondió a un interés político y seguramente personal, y en ningún caso corporativo. Fueron hechas los dos años anteriores a las elecciones y, en consecuencia, después ya no tuvieron continuidad. 

De hecho, la falta de implicación corporativa se puede apreciar incluso en el hecho de que no hay ni punto de contacto de RSC con un correo electrónico. En la memoria apenas se aportan cinco links a webs oficiales, sin contacto: "El Ministerio de Defensa dispone de varias páginas web donde las personas interesadas pueden dirigir sus consultas y comunicaciones sobre esta Memoria y acceder a información actualizada y en múltiples formatos sobre la actividad del Ministerio".

Seguramente no hubo ni la preocupación de nombrar un equipo de RSC. Se debía coordinar desde el nivel político, con el equipo de comunicación a la cabeza, y con todo el trabajo subcontratada a una empresa de consultoría. Intuyo que a veces no se pregunta mucho: limitarse a aplicar un check list puramente formal. Hablé con una de las personas implicadas, y ni se les ocurrió que los temas de legitimidad social, de crisis de gobernabilidad nacional, de responsabilidad social e incluso cumplimiento legal en referencia a aspectos de diversidad cultural, lingüística o nacional se hubieran tenido que revisar...

Me preocupa que después se use el certificado del GRI para dar a entender que el documento tiene una alta calidad y que refleja fielmente algo. 


Este organismo internacional sencillamente dice que han informado de un número suficiente de indicadores y que hay un índice por medio del cual se pueden localizar. Pero no puede afirmar nada sobre la calidad de la información y puede opinar sobre cómo se gestiona la RSC.

Metodológicamente me parece vergonzoso que se consideren grupo de interés el rey, el presidente, la ministra y el sumsum corda y no haya de ninguna manera la sociedad civil, las ONG u otros mecanismos de captar la opinión y sensibilidad de la ciudadanía. Lo que para una empresa podría ser disculpable en un primer año de tanteo, para una administración tal como el Ministerio de Defensa, no tener en cuenta la sociedad civil no se puede calificar de otra manera que utilización indebida de la RSC con fines meramente marketiniana.

Asumo que estoy haciendo una crítica y sin embargo he de reconocer que yo mismo no hice ninguna aportación a la memoria. Y es posible que ninguna ONG pacifista o hacia stakeholder de defensa de la plurinacionalidad de España lo hiciera. Si fuera así quizás deberían haber revisado los mecanismos y la voluntad real de captar la participación. Aún así, al margen de que algún stakeholder lo ponga de manifiesto, ¿no es una obviedad desde todos los puntos de vista que el ejército tiene un problema de legitimidad que se hace más palpable en los territorios más identificados como naciones diferenciadas?
La legitimidad de las fuerzas armadas en un Estado donde no hay un sentimiento de unidad nacional constituye un tema muy relevante desde el punto de vista de la gobernabilidad y que tiene gran interés para ser abordado no sólo desde los diferentes agentes políticos y sociales sino también desde la Responsabilidad Social del propio ejército.
En la memoria del Ministerio leemos: 
Es necesario que la política de defensa cuente con el máximo respaldo social y parlamentario para que sea una auténtica política de Estado, que concite la plena identificación de la sociedad con sus FAS.
Reformulo la pregunta a la inversa. ¿No sería más adecuado que fueran las FAS las que buscasen la plena identificación con la sociedad que presuntamente defienden y no al revés? No se trata meramente de un juego de cambiar el orden de la frase sino de un reflejo de la mentalidad profunda de la casta militar. 

Si intentar mejorar la imagen de una empresa, haciendo un uso meramente cosmético de la RSC, es decir, sin que haya nada más, ya es abominable, imagine cuando se trata de mejorar la imagen de un ejército cuando detrás no hay una voluntad de cambio real o éste no se manifiesta explícitamente.  


Nota: formulo la pregunta a la Ministra del momento porque el artículo lo tenía hecho desde entonces, aunque no lo publiqué por falta de tiempo para revisarlo. Aun así, mantengo su referencia porque el actual ministerio no ha continuado gestionando la RSC y porque dado que su compromiso era tan personal (lo deduzco por la dimensión de su foto) y dado que su intencionalidad de liderazgo político también permanece, seguro que no tendrá dificultad para dar una respuesta.

PD: Rubalcaba y Chacón gastaron «a dedo» casi 40 millones entre 2010 y 2011, y Defensa 107 millones de euros. Desconozco la validez de esta información pero si fuese cierta sería un elemento más a tener en cuenta para valorar esta memoria de RSC

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