La responsabilidad patrimonial versus la responsabilidad social del Estado

Los organismos públicos, como privados, tienen unas responsabilidades legales, que son exigibles por la fuerza de las leyes, y unas responsabilidades sociales, que son exigibles por la demanda de la sociedad. Estas últimas son más débiles porque la sociedad no dispone en condiciones normales de la fuerza coactiva de los poderes públicos, pero también porque la concreción de las responsabilidades no está tipificada como en el marco legal y, en consecuencia, no es objetivable.

Esta misma diferencia entre las responsabilidades legales y sociales también conlleva que las primeras pueden deberse a marcos normativos antiguos, que no se han puesto al día y no representan la sensibilidad de la sociedad actual y, al revés, también conlleva que las responsabilidades sociales tienen un carácter dinámico en el tiempo y que dependen estrictamente de lo que la sociedad actual valora globalmente o a partir de sus diferentes grupos de interés que es significativo. Este análisis alimenta la diferencia entre la legalidad y la legitimidad.

Dentro de las responsabilidades legales, las administraciones públicas tienen una responsabilidad patrimonial. Es precisamente en virtud de las cláusulas de la responsabilidad patrimonial de la Administración que el Estado ha tenido que asumir los costes de infraestructuras fallidas y pagará a los inversores o a las concesionarias del importe de la inversión no recuperado.

Un caso bastante conocidos fue el rescate del almacén de gas Castor, donde la empresa concesionaria, con la ACS de Florentino Pérez a la cabeza, cobró 1.350 millones de indemnización del Estado. Otro caso es el túnel del Pertús, donde también ACS y la francesa Eiffage reclaman 450 millones de euros por la quiebra del túnel, que el lunes pasará a ser de titularidad pública. La consecuencia es que los ciudadanos acabamos pagando la fiesta a grandes inversores. Florentino Pérez es un gran especialista en hacer este tipo de negocio.

Son casos donde la responsabilidad patrimonial -legalidad- choca de frente contra la responsabilidad que los poderes públicos tienen para con la sociedad -legitimidad. El sector público pierde una enorme reputación y legitimidad a partir de la aplicación de estas cláusulas, no atiende a las demandas legítimas de quien emana su poder, la ciudadanía, que no puede entender ni ciertas inversiones, ni cómo se han hecho, ni cómo se han negociado, y que finalmente el capital privado siempre tenga las de ganar.

Ahora nos encontramos con un nuevo caso, también dramático: el rescate de las autopistas de Madrid en quiebra, la gestión será asumida por el Estado para evitar que éstas sean liquidadas y cerradas al tránsito. Leemos la explicación a Vilaweb :

Las empresas que realizaron la obra, con capital privado, se declararon en quiebra al no cobrar lo que les correspondía, por lo que fueron compensadas con la concesión de la explotación de los peajes. La gestión de estas autopistas, sin embargo, ha sido un gran fracaso. Los cálculos entonces se hicieron con una previsión errática del tránsito que circularía, teniendo en cuenta un coste excesivo de las obras, y sobrevalorando mucho el precio de las expropiaciones, que los 388 millones calculados inicialmente pasó a 2.250 millones. En las expropiaciones se vieron beneficiadas familias muy significadas como la Franco y Serrano Suñer, entre otros, familias que ya hicieron un gran negocio a costa del estado.

Por eso, para salvar las autopistas, el Estado deberá negociar con los poseedores de la deuda, que prestaron fondos a las concesionarias para construir la infraestructura. Trabajo complicado. Gran parte de esta deuda, inicialmente en manos de los bancos, ha pasado ahora a fondos especulativos, que han comprado la deuda a los bancos buscando el máximo beneficio. La patronal de constructoras, SEPOAN, calcula que el coste puede ser de 5.500 millones de euros. Con ello una infraestructura que estaba presupuestada en 388 millones acabará costando al estado cinco mil quinientos. Cinco mil quinientos millones que irán a bolsillos privados.

Porque la polémica y contestada cláusula de responsabilidad patrimonial de la Administración provoca que en caso de hacer un buen negocio, los beneficios millonarios que se desprenden sean por las concesionarias. Pero en cambio, si la empresa quiebra, entonces el Estado abona el dinero a las concesionarias y se hace cargo de la infraestructura. Es el llamado 'capitalismo a la española' donde las grandes empresas acaban por no arriesgar nunca. Los beneficios son para ellos y las pérdidas las asume el conjunto de la sociedad.

La construcción y quiebra posterior de esta infraestructura inviable contrasta con reivindicaciones históricas de los Países Catalanes, como son el corredor mediterráneo, el fin de las autopistas de peaje o una cercanía en condiciones.

Fuente: Capitalismo a la española: el estado paga a los dueños de las autopistas rescatadas en Madrid el equivalente a diez años de inversiones en Cataluña. La histórica discriminación por los peajes de las autopistas puesta de relieve por esta nueva arbitrariedad del gobierno español.

Un modelo capitalista donde los inversores juegan sin riesgo no es más que un oligopolio, un montaje de las familias que desde hace cinco siglos ejercen un control continuado sobre los pueblos que hoy forman parte del Estado español, impidiendo su desarrollo tanto económico como democrático.

Y una de las consecuencias más dramáticas para las naciones como Cataluña que tienen un modelo productivo más dinámico y orientado a la creación de valor, no fundamentado en empresas extractivas que viven del BOE, es la carencia de las infraestructuras necesarias tanto para las empresas como para la ciudadanía, en un marco de gran competitividad mundial. En este sentido conviene mirar el Estudio CCN 03: "Plan de Viabilidad de la Red Viaria Española", que dice entre otras:

El estudio revela que en 50 años las autopistas catalanas han generado más de 20.600 M€ de ingresos para las concesionarias, mientras que las autopistas radiales de Madrid han generado más de 8.000 M€ de deuda a las arcas del Estado, en los primeros diez años de funcionamiento. No obstante, Fomento prevé la prolongación de algunas radiales en quiebra, como la R-5 hasta Talavera de la Reina o la AP-41 hasta Córdoba, a pesar de tener un trazado coincidente con otras vías rápidas libres de peajes. El estudio también revela que 6.950 Km de autopistas y autovías de la red viaria española son injustificables por que tienen una intensidad media de circulación (IMD) inferior a los 5.000 vehículos diarios, cuando se requiere una IMD superior a los 10.000 vehículos diarios para que esté justificado el desdoblamiento de las vías convencionales. En total, el 89,5% de los nuevos proyectos viarios en fase de ejecución son injustificables, ya que se ha proyectado en rutas con una IMD inferior a 5.000 vehículos. El coste total de los proyectos innecesarios en fase de ejecución es de 173.000 M €.