- El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad ha elaborado un documento de enmiendas al Proyecto de Ley que está actualmente tramitándose en el Parlamento
Así lo recoge el documento de propuestas del CERMI al Proyecto de Ley de Modificación del Código de Comercio, del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, que se encuentra en fase de enmiendas.
En concreto, el CERMI sugiere que se tengan que reforzar las menciones a las personas con discapacidad y a la igualdad y no discriminación en los estados de información no financiera consolidados y en los informes de gestión, regulados en el Código de Comercio y en la Ley de Sociedades de Capital. De este modo, plantea seguir avanzando más allá de lo que exige la legislación europea, como ya se ha comenzado a hacer, pero de forma insuficiente por el momento.
Además, la plataforma representativa de la discapacidad en España pide que se incluyan las medidas en favor de la accesibilidad universal como un ámbito sobre el que las sociedades deben informar, en línea con la Orden ESS/1554/2016, de 29 de septiembre de 2016, por la que se regula el procedimiento para el registro y publicación de las memorias de responsabilidad social y de sostenibilidad.
En este sentido, el CERMI incide en la importancia de que los informes de gobierno corporativo recojan, junto a aspectos como la remuneración de los miembros de los consejos de administración, las medidas de impulso a la política de diversidad. Este punto comprende cuestiones como la formación y experiencia profesional, la edad, la discapacidad y el género.
Las sociedades grandes (más de 500 trabajadores) deberán informar de las medidas adoptadas sobre todos estos asuntos, o de las razones que han motivado la falta de acciones en esta línea. En cambio, las entidades pequeñas y medianas, de acuerdo con la definición contenida en la legislación de auditoría de cuentas, únicamente estarán obligadas a proporcionar información sobre las medidas que, en su caso, se hubiesen adoptado en materia de género, a lo que el CERMI considera importante añadir también la discapacidad.
Asimismo, el CERMI reclama asegurar que los accionistas con discapacidad o de mayor edad puedan participar en las Juntas y en los Consejos de Administración de las sociedades cotizadas, eliminándose barreras físicas, de comunicación o comprensión que impidan el ejercicio de todos derechos sociales. En particular, se deberá dar cobertura a los requisitos de accesibilidad de las personas con discapacidad o personas mayores que garanticen su derecho a disponer de información previa, y los apoyos necesarios para ejercer su voto.
Por último, el CERMI recuerda que la discapacidad es un componente esencial de la diversidad que debe ser tenido en cuenta en las políticas y procedimientos de selección y formación de los miembros de los consejos de administración, empezando por las sociedades cotizadas, garantizando el cumplimiento de principios de no discriminación e igualdad de oportunidades. Y es que, la participación de personas con discapacidad en los consejos de administración supone una aportación de talento y puntos de vista que enriquecen los procesos de toma de decisiones, contribuyendo a una mejor gobernanza.
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