4.2.12

Limitación de remuneraciones de los cargos directivos de los bancos y cajas

Es razonable que los cargos directivos de las entidades financieras que han sido intervenidas no obtengan por su función unos beneficios salariales fuera de lugar. Una empresa es libre de fijar el salario de sus máximos directivos pero no es razonable ni ético que esto pueda ocurrir en empresas que se están saneando con dinero público.  

De hecho, la vox populi clama contra este despropósito y se hace difícil de comprender que el dinero que ya no tenemos los ciudadanos (por los recortes de los servicios públicos, por el aumento del paro o por la disminución de los salarios) vaya a engrosar los bolsillos de los que en muchas ocasiones son responsables de la mala gestión y de las malas prácticas que se encuentran en el origen de la crisis que padecemos.  

Ahora, no deja de ser sorprendente que tenga que ser un gobierno de derechas el que tome esta decisión mientras que un gobierno que se autodenominaba de izquierda había consentido y alimentado comportamientos muy poco éticos y generadores de incomprensión social.  

Los directivos de las cajas intervenidas no podrán cobrar más de 300.000 euros anuales. En promedio, las retribuciones fijas de los altos directivos de las cajas intervenidas deberán bajar un 76% en el caso de los presidentes y un 67% para los consejeros delegados y directores generales El ministro español de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha anunciado que el Consejo de Ministros ha limitado a 300.000 euros brutos anuales el sueldo de los presidentes de las entidades intervenidas por el segundo Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB 2). El decreto ley de Saneamiento del Sector Financiero también regulará que los presidentes de las cajas de ahorros que han recibido préstamos del FROB 1 no puedan cobrar más de 600.000 euros anuales. También establece límites a las remuneraciones del resto de directivos de cajas. De Guindos señaló que el gobierno no quiere intervenir en el sector privado, pero sí establecer 'remuneraciones razonables' en un sector que ha recibido ayudas públicas.

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