Para hacer avanzar la Responsabilidad Social se necesitan más compromisos personales que legislaciones. Si la ciudadanía ejerciera su rol como clientes, por ejemplo, a partir de un compromiso socialmente responsable, las empresas se verían mayoritariamente impulsadas a actuar (o mostrar) con un comportamiento adecuado.
Empoderar a la ciudadanía para saber cómo actuar para hacer prevalecer la ética en las relaciones de las empresas con sus grupos de interés sería el quid de la cuestión. Pero obviamente ello no es fácil, ni está claro que alguien tenga interés. Entre otras cosas porque empoderar la ciudadanía podría acarrear entre sus derivadas que la masa social requiriera una democracia profunda que arrincone a la formalidad actual.
Para empoderar se pueden hacer muchas cosas, y seguramente se deberían hacer muchas, y muchas de simultáneas y de forma continuada, para que finalmente la lluvia fina vaya empapando. Entre estas cosas, se necesitan aprendizajes que se pueden ir desarrollando si se otorgan algunas responsabilidades a la ciudadanía. Precisamente queremos hacer una propuesta en este sentido.
Queremos hablar de las donaciones de las personas y de las desgravaciones. ¡No hablamos de las empresas, hablamos de las personas! Esto es así porque para hacer progresar la Responsabilidad Social también hay un cambio cultural.
Propuesta
Proponemos que cada contribuyente pueda desgravarse de forma efectiva el 100% (o un porcentaje cercano) hasta un límite de por ejemplo 150 euros por donaciones hechas directamente a entidades elegidas libremente por el ciudadano.
¿Por qué?
1 .- Pedagogía para las personas (→ RSI) Sin dañar las obligaciones y las capacidades de las instituciones públicas, la sociedad debe recuperar un sentido de corresponsabilidad en los retos y necesidades del territorio y de complicidad con las políticas públicas y sociales. Teniendo en cuenta que estamos hablando del destino social de un dinero aportado por el contribuyente, éste sería un caso ideal para devolver al individuo -la sociedad- una parte del derecho a decidir.
Esto liga con la cultura de la responsabilidad social, porque no hay organizaciones responsables sin personas que compartan y asuman la responsabilidad ante la sociedad. Promover vinculaciones directas de los individuos con las entidades sociales es abrir puertas a los partenariados entre las entidades y las empresas.
2 .- Pedagogía para las entidades sociales (→ RSO) Muchas entidades han desarrollado una cultura de la subvención, que ha alterado algunos aspectos esenciales de la filosofía asociativa y no lucrativa. Si las asociaciones de vecinos (sólo es un ejemplo) supieran que pueden llegar a conseguir un donativo de 150 Eurona de toda la ciudadanía de su barrio ¿creen que no mejoraría la capacidad de estas entidades de establecer comunicación, de tratar de conectar, de tratar de rendir cuentas... en competencia con las grandes ONG o cualquier otra entidad que tuviera interés en captar estos recursos?
Las entidades se deben volcar hacia la gente, hacia la sociedad, y dejar de depender de las administraciones para que esto crea unos modelos culturales y organizativos basados en la dependencia donde es muy difícil desarrollar la responsabilidad. Pero la administración debe tener la voluntad de dejar 'volar' e incentivar que la ciudadanía pueda dar libremente sin su intermediación.
3 .- Pedagogía del territorio (→ TSR) La RSE no irá más allá si no avanza hacia la idea de Territorios Socialmente Responsables, es decir unos territorios donde empresas grandes y pequeñas, administraciones públicas, organizaciones no lucrativas, así como la ciudadanía ejerzan e integren criterios de responsabilidad hacia la sociedad.
Las capacidades cívicas de la comunidad son uno de los grandes inductores. Si la gente no cree en ello no avanzaremos. Por ello, hay que responsabilizar a la ciudadanía, otorgarle poder, y hacerle tomar conciencia de las consecuencias de sus actos, el impacto positivo de la inversión social que puede hacer y cómo a través de compromisos individuales y empresariales podemos mejorar la sociedad y condicionar los mercados.
4 .- Impactos públicos (→ RSA) La legislación española establece que un 0,52% de la tributación por IRPF se destine a objetivos entidades de carácter social. El reparto desde la Administración central tiene la consecuencia de que sólo pueden acceder las grandes entidades o federaciones, y a menudo sólo las de ámbito estatal, lo que condiciona la libre organización o adscripción de cada entidad.
El mecanismo contiene perversiones, como la de favorecer el desarrollo de las estructuras federativas sin que el dinero llegue lo suficiente a las entidades de base, o el reparto desigual por territorios, o el hecho de no respetar la cesión de competencias tanto sobre servicios sociales como sobre asociaciones en las comunidades autónomas. También desde el mundo político se ha puesto sobre la mesa el exceso de uso político de la medida, tanto en un sentido partidista como estatalista.
Por otro lado, supone una mediación pública sobre una voluntad genérica de la ciudadanía, que se limita a dar una orientación social a esta parte los tributos pero sin mayor capacidad de codecisión.
Junto a ello, y sin que se tenga que inferir ninguna crítica hacia las entidades más grandes, debemos decir que hay una gran cantidad de entidades de dimensiones modestas que son fundamentales para la cohesión social. En algunos barrios donde hacen una tarea básica e insustituible. Son entidades muy cercanas al territorio y a las personas.
En los últimos años han aparecido prácticas innovadoras por parte de algunas obras sociales de cajas de ahorros que han considerado que corresponde a los clientes determinar la finalidad de las aportaciones a entidades. Estos ejemplos deberían hacer reflexionar la Administración ya que nos referimos a unos impuestos que el contribuyente marca con carácter finalista pero sin más detalle. No estamos ante la cesta común de donde salen los recursos que la Administración utiliza para contratar servicios a entidades o para subvencionarlas de acuerdo con criterios políticos.
La Administración debería reservar el derecho de la ciudadanía a marcar más explícitamente el destino de estos recursos. Pero no sólo como una 'concesión', sino como una voluntad de conferir a la ciudadanía un empoderamiento en torno al rol de la sociedad civil y una capacidad de desarrollo de la sociedad civil a partir de mostrarse transparentemente a la ciudadanía.
La Administración central no se encuentra cómoda con estas propuestas porque quiere controlar el destino de los recursos sin atender a razones de justicia territorial, o de análisis del impacto real. Pero ya va siendo hora de que evaluemos las políticas públicas y corrijamos aquellas que responden más a intereses partidistas que a un impacto social amplio.
Pero también hay una razón técnica para mostrarse en contra. Podría haber entidades instrumentales que captaran dinero anómalamente. Es el mismo motivo por el que la ley del mecenazgo es tanto raquítica en comparación con otros países: la desconfianza y la prevención hace que paguen justos por pecadores. Por eso se trataría de que las entidades homologadas para ser destinatarias fueran las que constan en los correspondientes registros oficiales de servicios sociales, voluntariado, cultura o medio ambiente, por ejemplo. Y que debieran mostrar transparencia.
Tampoco se encuentra cómoda para la promoción de la RSE que ha llevado a cabo es básicamente de premios, jornadas y comités. Distracciones para justificar una ejecución presupuestaria o para distraer de lo que puede ser más relevante. La propuesta que hacemos no es estrictamente de promoción de la RSE, pero creemos que está en la base de la comprensión de la RSE por parte de la ciudadanía: aprender a destinar dinero con finalidad social y aprender a relacionarse con las empresas con criterios de RSE forma parte de un mismo empoderamiento: tomar conciencia del valor de nuestros actos, saber valorar el impacto que generan, desarrollar criterios para elegir entidades y empresas. Puede ser un camino de democratización de la RSE.
Noviembre de 2011
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