Son muchas las quejas que los ciudadanos hacen llegar sobre su funcionamiento a las instituciones de la UE, y de éstas, buena parte tienen que ver con la falta de transparencia con la que funciona la Comisión Europea y también a una práctica que está bastante relacionada como es lo que se conoce por las "puertas giratorias" (se entra como funcionario especialista en una materia y se sale como alto ejecutivo de una de las empresas, patronales o lobby del sector).
Reflexionaba sobre ello Soledad Gallego-Díaz en un artículo de hace un año en el País, pero se refería también a la falta de trasparència en el estado español, con afirmaciones como las siguientes:
Imposible saber en España qué informes elaboró el director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, David Taguas, sobre la crisis del sector inmobiliario antes de fichar, precisamente, por la patronal de la construcción. Es una pena, porque la publicidad, rutinaria y continuada, de esos informes hubiera ayudado a despejar ahora cualquier tipo de duda sobre la calidad o intención de su asesoramiento. No es lo mismo que el presidente del Gobierno estuviera escuchando a un colaborador independiente, que a alguien que compartía ya tanto el punto de vista de las empresas del sector que, de un día para otro, consideró conveniente dar un empujón a la puerta y pasar al otro lado.
No se explica cómo un Gobierno como el español, que se vanagloria de dirigir a la octava potencia económica del mundo y que ha sido capaz de impulsar importantes modernizaciones sociales, como la regulación del matrimonio entre personas del mismo sexo, siga bloqueando la ley de acceso a documentos e informes financiados con dinero público. ¿Por qué no se pueden conocer en España en un plazo razonable los informes de la Oficina Económica del Presidente y sí se pueden analizar los que elabora el Consejo de Asesores Económicos del presidente de Estados Unidos? ¿Por qué no podemos conocer cómo deliberan los miembros de la Comisión Ejecutiva del Banco de España y sí leer las deliberaciones, con nombres y apellidos, de los miembros de la Reserva Federal de Estados Unidos?
Las leyes conocidas como Freedom Information Acts, que obligan a las administraciones públicas a facilitar el libre acceso de los ciudadanos a toda la documentación que obra en su poder (salvo los datos relativos a la intimidad de las personas o a la seguridad nacional), han sido grandes impulsoras no sólo de la lucha contra la corrupción, las corruptelas y el abuso de poder, sino de Gobiernos eficaces y sociedades comprometidas. No es casualidad que los países en los que la ley obliga a las administraciones a trabajar con mayores niveles de transparencia sean precisamente los países con menores índices de corrupción y mayor satisfacción ciudadana.
Últimamente hemos tenido la oportunidad de desarrollar algunas iniciativas sobre responsabilidad social de la Administración Pública (RSA), las cuales han sido basadas en niveles municipales. El hecho de tratarse de ayuntamientos pequeños hace que buena parte de estos análisis no se puedan aplicar o no sean relevantes.
Pero en otros niveles superiores sí deberían tener una relevancia y una materialidad. Sería bueno poder disponer en nuestro país de un listado público de 'puertas rotatorias' que diera a conocer abiertamente aquellas entradas y salidas dentro del sector público que pueden afectar el interés general o de grupos de interés específicos.
Si Cataluña aspira a ser una nación líder en valores democráticos (como hace siglos lo fue, y no en vano tenemos uno de los parlamentos más antiguos de Europa) y un territorio de referencia en buenas prácticas de responsabilidad social, quizás sus administraciones públicas podrían plantearse acciones de transparencia como mostrar públicamente en sus portales web cuáles son las personas que han entrado a colaborar con ella no por el acceso general del funcionariado sino como cargos eventuales, cuál es su currículum y sus méritos y como se sale. Igualmente, sería muy pertinente que sobre aquellas personas que han tenido funciones directivas o asesoras se tuviera constancia pública de su destino posterior al paso por la administración pública.
Creemos que hay que dar un paso muy importante en estas materias. Un gran salto adelante. Y también pensamos que nuestro país debería ser su abanderado. Precisamente, el hecho de no ser un país grande tiene la ventaja de poder asumir retos mayores con una mayor capacidad de consenso si una mayoría se aviene a ello.
También habría que saber encontrar los indicadores o los mecanismos para que tenga suficiente sentido y funcionalidad. Hace medio año, publiqué un artículo titulado ¡No me interesan las propiedades de mi alcalde!, donde nos quejábamos de iniciativas que pueden tener efectos contraproducentes como la de limitar el acceso a la política a unos grupúsculos poco permeables. En consecuencia, cualquier intento de progresar en la transparencia y rendición de cuentas del sector público debería ser hecho a partir del diálogo con los grupos de interés para encontrar las maneras más adecuadas y que aborden mejor los problemas que conocemos.
De hecho, la responsabilidad social como metodología implicaría este proceso, pero precisamente la gran dificultad del sector público para desarrollar la RSA radica en la dificultad de dialogar con los stakeholders, ya que tiene una cultura de funcionamiento muy endógena, que le hace más fácil pactar iniciativas que afectan corporativamente con la oposición que con grupos externos. ¡He aquí, pues, el gran reto de la RSA: implicar a los grupos de interés en el diálogo para definir la materialidad de la RSA y cómo rendir cuentas!
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