El Congreso aprueba una Resolución para promover la RSE

Todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados han aprobado una Resolución por la que han solicitado al Gobierno que promueva la Responsabilidad Social de las Empresas en la Administración Pública. El texto contiene 11 puntos y el 6 y 7 contiene referencias muy precisas al Consejo Estatal de la RSE, en los que los compromisos del Gobierno quedan vinculados a los informes previos del Consejo Estatal.

El portavoz del Grupo Socialista, Ramón Jáuregui, comentó durante su presentación, que "las empresas o son responsables o de lo contrario serán expulsadas del mercado". Además, valoró que la responsabilidad social no muere con la crisis, sino "que desaparece el marketing social y la acción social, porque la RSE debe estar inmersa en la estrategia de las empresas".

Las propuestas que contienen el texto, presentadas por el Grupo Socialista y el Grupo Misxto (BNG) son las siguientes:


1. Tener en cuenta las recomendaciones que dirigidas a las administraciones públicas, se recogen en el Libro Verde y en el Informe aprobado en el Congreso para promover la Responsabilidad Social de las Empresas

2. Impulsar una gestión socialmente responsable de las administraciones públicas mediante actuaciones que favorezcan la transparencia, la cultura del trabajo que crea valor en el seno de la Administración Pública, la conciliación de la vida laboral personal y familiar de los empleados públicos (ya recogido en nuestra regulación legal en el Plan Concilia) la reducción de emisiones de CO2, la contratación de personas con discapacidad y en riesgo de exclusión, la reducción de la temporalidad y la incorporación de cláusulas sociales y medioambientales en los concursos y contratos públicos, al amparo de la nueva ley de contratos del sector público.

Se recomienda, a los órganos de contratación, en todo el ámbito de la Administración General del Estado la adopción de forma decidida de medidas favorables a las personas con discapacidad previstas en dicha Ley y en particular:

- El establecimiento de la obligación de dedicar a la ejecución del contrato, siempre que sea posible, un número cierto de trabajadores con discapacidad. (artículo 102, ley 30/2007)

- La preferencia de la adjudicación de los contratos a las empresas que, en igualdad de las demás condiciones, acrediten mayor porcentaje de personas con discapacidad. (disposición adicional 6ª, ley 30/2007)
- La reserva de la adjudicación de determinados contratos a favor de Centros Especiales de Empleo. (disposición adicional 7ª, ley 30/2007)

3. Elaborar, en colaboración con las organizaciones representativas de la discapacidad, un manual de buenas prácticas de contratación pública socialmente responsable, que pudiera servir de guía práctica para todos los órganos de contratación de todas las administraciones públicas.

4. Fortalecer la cultura de un consumo responsable que ayude a hacer más partícipes a los ciudadanos como consumidores, para demandar bienes y servicios que sean producidos bajo criterios de responsabilidad social empresarial.

5. Incorporar los grandes retos de la lucha contra la pobreza, objetivos del Milenio y respeto a los Derechos Humanos, desde la perspectiva de las prácticas socialmente responsables, a las empresas españolas en sus actuaciones internacionales, especialmente en aquellos supuestos que sean beneficiarias de programas de ayuda a la internacionalización.

6. Favorecer la inversión socialmente responsable (ISR), tanto en el sector privado como en el público y, especialmente en este último caso, propiciar la consideración de los aspectos sociales y medio ambientales. En este sentido el Gobierno presentará antes de fin de año un programa de actuación específico, con base en las recomendaciones o propuestas que, en este sentido, le haga el Consejo Estatal de la RSE.

7. Fomentar la transparencia empresarial mediante la incorporación a las empresas de la información que realizan a través de la triple memoria: económica, social y medioambiental. Respecto a las empresas que cotizan en Bolsa, el Gobierno, en colaboración con la CNMV y previo informe del Consejo Estatal de la RSE, presentará antes de fin de año un estudio sobre la necesidad o no de regular la información que debe de contener la denominada triple memoria.


8. Potenciar el diálogo de todos los grupos de interés relacionados con la RSE, a través del Consejo Estatal.

9. Favorecer la expansión cultural, educativa y formativa de la RSE, introduciendo contenidos del desarrollo sostenible y de la RSE, en los distintos niveles educativos.

10. Promover acciones de Responsabilidad Social de las empresas en el desarrollo de la igualdad entre las mujeres y los hombres, en el marco de lo establecido en la Ley para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres (tomando como base el Art. 73) y promover el cumplimiento de los planes de igualdad para empresas de más de doscientos cincuenta trabajadores y de los planes voluntarios para el resto de las empresas en base a lo establecido en el Art. 45 de dicha ley.

11. Favorecer y coordinar en su caso, las políticas autonómicas de apoyo a la RSE, entendiendo que la tarea de los gobiernos autonómicos en esta materia es importante.