20.5.11

La barbarie de la ley y la civilización de la indignación

Este artículo es una variante del publicado ayer con el título La movilización de los indignados, dado que la Junta Electoral ya ha decidido que se deben desalojar los acampados. Este artículo de hoy se ha enviado a DiarioResponsable para su publicación.


#catalanrevolution

La Junta Electoral ha tomado la peor decisión, la que va a comportar más problemas, y seguramente a hacer más grande la movilización.

Es razonable que haya personas que salgan a la calle a expresar su queja por el mal gobierno (tanto en las empresas como en los poderes públicos) que ha tenido como consecuencia la crisis económica y la falta de perspectivas.

No sólo es razonable sino previsible e incluso muy sano desde el punto de vista democrático. Mientras que en Islandia vemos que hay culpables en la cárcel y que se ha sometido a referéndum como se debía proceder, cada vez es más evidente que en nuestro país la crisis no habrá comportado ninguna consecuencia ni de enmienda de lo que se hizo mal ni de castigo de los que hicieron mal.


Desde lo oficial sólo preocupa qué consecuencia electoral puede tener y cómo hay que tratar el fenómeno de acuerdo con la prohibición legal de hacer manifestaciones durante la jornada electoral y el día previo de reflexión. Y la Junta Electoral ha dicho que hay que desalojar!

Pero más allá de lo que diga el articulado de la ley, han pasado muchos años y hay que saber interpretar el sentido de un artículo redactado a finales de los años 70, al inicio de la democracia y en plena ebullición de partidos políticos. Y hay que ser lo suficientemente hábil para entender que esta movilización no tiene partidos políticos detrás, que no tiene consignas partidistas, y que precisamente reclaman un cambio en la ley electoral. 

Y aún hay más: no se puede imponer una ley que no se podrá cumplir. Son palabras sabias y doctas de una jurista, Ester Giménez-Salinas, rectora de la Universitat Ramon Llull. No es propio de nuestra tradición jurídica reinterpretar las leyes de acuerdo con las sentencias que se van produciendo, pero sí que habría que saber poner en contexto la interpretación de un articulado concebido para un periodo concreto, saber valorar la intencionalidad, saber ponderar las consecuencias de una interpretación jurídica extemporánea ... Lo más sabio y lo más razonable es no actuar, siempre que se pueda garantizar el orden público, las condiciones de salubridad, y que realmente no se esté condicionando el derecho de voto y la neutralidad partidista. La indignación es saludable y civilizada, mientras que la aplicación poco ponderada del marco legal puede ser bárbara.

Para hacer un paralelismo que se entiende perfectamente, también la Constitución Española otorga al ejército la unidad territorial del Estado, en un redactado que pasa por encima del derecho democrático a decidir pero que fue una concesión formal a los poderes fácticos del antiguo régimen y los militares en concreto. Es evidente, sin embargo, que ante una decisión democrática y pacífica de secesión por parte de una de las naciones que conforman el estado español, difícilmente el ejército podría hacer uso de esta función otorgada fruto de unas circunstancias y decaída con la consolidación de la democracia.

Estamos, pues, ante la necesidad de la sutilidad política y judicial. No se puede actuar con interpretaciones meramente legalistas. Si alguien da la orden de desalojar a los acampados, cometerá un gran error político y democrático. Las ideas y los sentimientos de indignación se deben dejar fluir, y se debe permitir que dispongan de las condiciones para poder cristalizar en algo, sin el apriorismo que todo tenga que canalizarse a través de los partidos tradicionales.

Precisamente los partidos deben ser lo suficientemente humildes para entender que estas manifestaciones pueden permitirles mejorar y de progresar. Todos sabemos que ni los partidos ni los poderes públicos están en condiciones de moverse en libertad, entre otros motivos porque están apretados por el dinero que deben. Están hipotecados y, en consecuencia, condicionados. Si son sinceros, tendrán que aceptar que sólo una gran presión social para el fortalecimiento democrático puede devolverles el ejercicio de una función social que es necesaria y que deberían llevar a cabo con una libertad de la que no disponen plenamente.

Puede haber libertad de expresión sin democracia pero nunca democracia sin libertad de expresión. Son palabras de Lincoln. El espíritu democrático, renovador, crítico, de las movilizaciones debe ser respetado y debe pasar por delante de las interpretaciones estrechas o interesadas. 

Otro capítulo es que los movilizados no tienen un ideario claro o compartido, pero tienen el sentido de la indignación que proclamaba Stéphane Hessel. No sé si llegarán a encontrar un hilo conductor de su demanda. Pero dentro del colectivo tanto hay conciencias indignadas como activistas anti-sistema, tanto hay anti-capitalistas como demócratas profundos ... Una mezcla que hará difícil encontrar propuestas de fondo.

Y se van encontrando con las lógicas incoherencias. Van acordando que quizás una nueva ley electoral... muy poco para todo lo que se hierve. Pero resulta que la concreción les hace topar contra las dificultades. Iban acordando en la Puerta del Sol de Madrid que una nueva ley electoral debía incorporar circunscripción única y una persona un voto, lo que para muchos países podria resultar correcto, pero ya desde los indignados de la Plaça de Catalunya de Barcelona han alertado del carácter profundamente antidemocràtico que esta propuesta tiene en un estado plurinacional: la nación demográficamente dominante intenta aniquilar a las minorizadas. 

En España se da un bipartidismo que seguramente aumenta la incapacidad de ver soluciones en la política. Cuesta imaginar que sólo puedas escoger entre dos opciones que estan diferenciadas por matices y cargadas de los mismos vicios. Sin que la credibilidad de los partidos sea mejor, la diferencia es grande en Catalunya donde una gran diversidad de partidos tienen posibilidades reales y están en el Parlament. La diferencia, como muestra el reciente estudio del que hablaba Josep Maria Lozano es que los catalanes no confían mucho en los partidos pero sí creen en la política. 

La única idea que puede aglutinar es la del derecho a decidir, la profundización de la democracia, el aumento de la participación ciudadana real mediante consultas y referéndums. Más allá de la indignación, de esta movilización tendría que salir algo en positivo. Y ello no puede ser la propuesta de una nueva ley electoral, por lo técnico y poco motivador de la idea, y además concebida desde el nacionalismo español. Deben apostar por una idea de profundidad democrática. El derecho a decidir. No podemos delegar el voto cada cuatro años en partidos poco democráticos internamente.

PD: #catalanrevolution alça la veu i marca distàncies amb la Puerta del Sol

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